TOLEDO, 5 de junio.

La organización Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha expresado su profunda frustración ante lo que considera un intento de silenciar la manifestación programada para el 31 de mayo en Albacete, convocada por Stop Ganadería Industrial. Este grupo se opone activamente a este modelo de ganadería, al considerar que su impacto en las comunidades, en términos de recursos hídricos, contaminación de acuíferos y suelos, así como los problemas de salud que conlleva para los residentes, es devastador.

En una nota de prensa, Ecologistas en Acción señala que, aunque las autoridades se declaran defensoras de la democracia, parece que intentan silenciar las voces de los ciudadanos. Resaltan que las organizaciones que se oponen a la Ganadería Industrial, que abarcan todas las edades y residen en comunidades afectadas, han demostrado un comportamiento cívico en sus protestas, sin involucrarse en disturbios públicos, lo cual resulta incomprensible ante el trato que reciben.

El grupo ecologista ha manifestado su desacuerdo con ciertas afirmaciones realizadas por Mercedes Gómez, la consejera de Desarrollo Sostenible, relacionadas con la manifestación. Ellos cuestionan su afirmación de que no existe un aumento en el número de macrogranjas, señalando que, de las 61 instalaciones detenidas por la moratoria, solo 21 desean continuar. Afirman que esta declaración es engañosa, ya que dice que los expedientes aún pueden reactivarse, y advierten sobre el potencial incremento de hasta 140.000 animales en estas instalaciones, equivalente a la población de Tarragona en un corto período.

Además, expresan preocupación por la afirmación de la consejería sobre la necesidad de seguir todos los procedimientos requeridos, lo cual no convence, dado que ya se han registrado numerosas infracciones, como el caso de la macrogranja de Salmeroncillos, que operó sin la debida autorización ambiental durante años.

Los ecologistas también alertan sobre la crisis actual relacionada con los niveles de nitratos en el suelo y el agua, subrayando que un incremento en la cantidad de ganado podría agravar esta situación crítica, que ya es alarmante bajo el cumplimiento deficiente de las normativas existentes.

Las tensiones surgieron tras informaciones presentadas por la consejera el 27 de diciembre de 2024, donde se afirmaba erróneamente que el sector porcino representaba el 18% del PIB de Castilla-La Mancha. Los ecologistas argumentan que esto contradice los datos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa el PIB agrícola, ganadero, silvícola y pesquero en un 7,4% del total, lo que hace imposible que solo la producción porcina alcance cifras superiores.

Desde Ecologistas en Acción consideran que esta inexactitud es alarmante, sugiriendo una falta de conocimiento por parte de la consejera que podría ser aún más grave. También se cuestionan la clasificación que sitúa a la región como cuarto productor de industrias cárnicas, ya que el Ministerio la coloca en un sexto lugar, lo que contradice las afirmaciones oficiales.

Por último, el grupo ecologista se ha mostrado sorprendido por la afirmación de que las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada producen el 90% del estiércol en la región, considerando que según el Registro de Actividades Ganaderas, estas instalaciones solo abarcan el 66% de todos los animales en la región, lo que hace difícil que generen tal cantidad de purines.

Ecologistas en Acción concluye que la consejería debe aclarar cómo planea abordar las malas prácticas en el sector, ya que hasta ahora ha negado su existencia. Adicionalmente, han señalado que parece haberse ignorado las sugerencias de varias confederaciones hidrográficas para implementar medidas de control más estrictas e inspecciones adecuadas.