El Gobierno de España tiene programada una reunión para el miércoles 28 de mayo en la Comisión de Infancia y Adolescencia, donde se dará a conocer a las comunidades autónomas la capacidad disponible para acoger a menores migrantes no acompañados en cada región.

Dicha sesión permitirá obtener un panorama claro acerca de la capacidad de acogida del sistema y también identificará a aquellas comunidades que están operando por encima de su capacidad habitual. Aquellas que se encuentren en esta situación podrán solicitar una medida de contingencia migratoria extraordinaria, la cual se activará para salvaguardar los derechos de los menores migrantes no acompañados en lugares donde la demanda supera tres veces la capacidad establecida.

Una vez detectadas las comunidades en sobrecarga, estas podrán gestionar la solicitud de la contingencia extraordinaria, que el Gobierno deberá aprobar en un plazo máximo de cinco días, y se informará al resto de los miembros de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la decisión tomada.

La implementación de esta contingencia permitirá al órgano competente del Gobierno central decidir la localización de los menores migrantes no acompañados, garantizando así su atención adecuada en las regiones más necesitadas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó que este encuentro es crucial antes de la Conferencia Sectorial de junio, donde las comunidades podrán presentar sus propuestas para modificar los criterios establecidos en el reciente real decreto-ley. Rego enfatizó que estas propuestas deben ser votadas de manera unánime en la Conferencia, tal como exige la normativa vigente.

La última reunión del Ejecutivo con las comunidades tuvo lugar el 5 de mayo, en una Conferencia Sectorial extraordinaria, donde se discutieron durante varias horas las normas relativas al reparto de migrantes. Esta jornada estuvo marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que señalaron que los criterios establecidos por el Gobierno eran "arbitrarios y obligatorios".

En esa misma reunión, el PP lamentó que no se permitiera votar el real decreto sobre el reparto de migrantes. Sin embargo, la ministra defendió que dicha normativa ya había sido ratificada por el Congreso, arguyendo que "no se puede votar lo que no ha sido propuesto", en referencia a la falta de sugerencias por parte de los populares.

Rego lamentó que, en lugar de presentar propuestas constructivas, el PP ha optado por bloquear el trabajo, lo que impidió profundizar en lo que considera la verdadera crisis humanitaria que enfrentan las Islas Canarias y Ceuta.

El plazo para que las comunidades autónomas enviaran sus datos sobre la acogida de menores migrantes no acompañados finalizó el martes. La ministra informó que no todas las comunidades habían respondido adecuadamente, mencionando específicamente a Aragón, que fue acusada de "desobediencia" por no entregar sus cifras.

En respuesta a esta falta de colaboración, el Gobierno ha tomado medidas legales, llevando a Aragón ante el Tribunal Constitucional y también añadiendo un recurso administrativo en el Tribunal Supremo por el incumplimiento de reformas en la Ley de Extranjería.

El objetivo del Gobierno es iniciar los traslados de menores migrantes no acompañados durante el próximo verano, una urgencia que es compartida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha denunciado las duras condiciones en que estos jóvenes se encuentran en las islas.