El Gobierno de Castilla-La Mancha, representado por la consejera portavoz Esther Padilla, ha expresado su firme convicción de que las comunidades autónomas, en particular la de Castilla-La Mancha, tienen el derecho de impugnar la Ley de Amnistía. Tanto el gabinete jurídico de la Junta como el informe del Consejo Consultivo de la región han respaldado de manera contundente esta posición.

Padilla destacó que, además de Castilla-La Mancha, otras comunidades autónomas también comparten este criterio. Se espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre la viabilidad de los recursos presentados por 15 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía.

Padilla señaló que este proceso es parte del funcionamiento normal del Tribunal Constitucional en la evaluación de recursos de inconstitucionalidad.

El informe presentado respalda la legitimidad de las comunidades autónomas en este asunto, debido a la violación del principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos en todo el país, incluyendo Castilla-La Mancha.

Padilla concluyó que es una vulneración del principio de igualdad si una persona de Guadalajara recibe un trato diferente por cometer un delito en comparación con una persona de Cataluña en una situación similar. Es fundamental garantizar que todos los ciudadanos reciban el mismo trato, independientemente de su lugar de residencia o el momento en que cometieron el delito.