El Gobierno español ha dado a conocer la declaración de emergencia en numerosas zonas de doce comunidades autónomas, afectadas por severos fenómenos meteorológicos desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 24 de marzo de 2025. Sin embargo, las áreas impactadas por la DANA en Valencia quedan excluidas, ya que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha ayudas que superan los 16.500 millones de euros para esa región.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, detalló en una reciente rueda de prensa que las regiones afectadas incluyen comarcas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Baleares y Galicia, evidenciando la magnitud del problema que ha desbordado a varias comunidades.

Durante el periodo mencionado, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha registrado 53 incidentes clasificados como operativos de niveles 1 y 2, la mayoría de los cuales han sido provocados por condiciones climáticas adversas como borrascas, intensas lluvias y tormentas que han resultado en daños tanto personales como materiales.

Entre los episodios destacados por Marlaska se encuentra el de lluvias intensas y nevadas que impactó entre el 2 y el 5 de marzo en Andalucía, Castilla y León y Murcia, donde se reportó la muerte de una persona. Asimismo, se mencionó cómo la borrasca Jana ocasionó lluvias torrenciales en el centro de la península, lo que también condujo a un aumento considerable en el caudal de ríos como el Tajo, Duero y Ebro durante los días del 6 al 11 de marzo.

Las borrascas Konrad y Laurence también generaron fuertes nevadas en las montañas de la cordillera Cantábrica y el Sistema Central entre el 12 y el 20 de marzo, además de provocar intensas lluvias en Murcia y Andalucía, resultando en la pérdida de cuatro vidas. Por último, la borrasca Martinho, que completó este ciclo de tormentas, dejó lluvias continuas del 20 al 24 de marzo, lo que llevó a la necesidad de desembalsar agua en los embalses de las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana.

Marlaska señaló que estos episodios no solo han causado daños personales, sino que también han afectado infraestructuras y bienes públicos y privados. Esto justifica la intervención del Gobierno español, que actuará bajo el principio de solidaridad interterritorial, apoyando a las administraciones locales que ya hayan tomado medidas o planeen hacerlo en el futuro.