CUENCA, 20 de enero. En un giro reciente de los acontecimientos, el Partido Popular de Cuenca ha solicitado la suspensión temporal del macrovertedero situado en Almonacid del Marquesado. Esta demanda surge a raíz de la implicación de la planta en una investigación internacional relacionada con el tráfico de residuos, algunos de los cuales son potencialmente peligrosos.

Benjamín Prieto, presidente del PP conquense, junto con Cayetano Solana, portavoz del partido en la Diputación de Cuenca, y Marisa Ramírez, alcaldesa de Tresjuncos, se han reunido con representantes de quince ayuntamientos de la comarca para discutir las posibles repercusiones que este caso podría tener en las comunidades locales. En una rueda de prensa, informaron sobre el contenido de dicho encuentro y la inquietud que reina en la zona.

Durante la reunión, que reunió a alcaldes y concejales tanto del PP como de una formación independiente que gobierna en Almendros, se acordó solicitar la suspensión temporal de las operaciones en el vertedero de Almonacid. Esta decisión se fundamenta en la creencia de que no se están cumpliendo las directrices establecidas en la declaración ambiental. Según informes obtenidos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se sospecha que la planta podría estar excediendo el límite de residuos permitido, fijado en 300.000 toneladas anuales.

Para profundizar en la problemática, el PP planea solicitar a la Diputación que, en colaboración con el Instituto Geológico Minero, realice un estudio exhaustivo sobre el estado de las aguas subterráneas, los terrenos circundantes al vertedero e incluso la calidad del aire en el área. Este estudio abarcaría una revisión completa de todos los expedientes relacionados con la planta desde su inicio de operaciones, con el fin de identificar y depurar responsables políticos que, según Solana, han ignorado la situación en los últimos años.

El portavoz del PP también expuso en detalle diversas irregularidades que han afectado a esta instalación desde su apertura, subrayando que hubo períodos en los que operó sin contar con una planta de valorización adecuada y que, además, se produjo un incendio que dañó gravemente la celda de vertido.

La falta de transparencia en el funcionamiento del vertedero también fue motivo de crítica. Solana destacó que su partido ha intentado sin éxito visitar la planta y, a pesar de haber solicitado información repetidamente tanto al ayuntamiento de Almonacid como a las Cortes de Castilla-La Mancha, no han recibido respuestas satisfactorias.

“Hemos estado instando al alcalde Álvaro Martínez Chana a que la empresa cumpla con la ley, y resulta inaceptable que parezca más preocupado por defender a una empresa que, supuestamente, tiene vínculos con la mafia napolitana que en proteger la salud de los ciudadanos de su municipio”, afirmó el portavoz del PP. También reprochó al presidente de la Diputación que, en sus declaraciones sobre la operación policial, brindara apoyo al hecho de que la planta continuara operando sin inconvenientes.

El presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto, y a su vez alcalde de Fuentelespino de Haro, un pueblo cercano a Almonacid, añadió que la "opacidad y la inseguridad" han caracterizado estas instalaciones desde su inicio. Invitó a los medios a investigar la situación en el terreno, afirmando que alrededor de ochenta camiones llegan diariamente al vertedero, no solo de distintas partes de España, sino también de otras regiones de Europa, según revela la investigación de la Guardia Civil.

Prieto subrayó la necesidad de asumir responsabilidades públicas, señalando que las administraciones no han cumplido con sus deberes en cuanto al monitoreo de las operaciones de la empresa en cuestión. Además, los pueblos han demandado una reunión con el alcalde de Almonacid, cuya posición ha permanecido inalterada en cuanto a las actividades en el vertedero.

Sobre las responsabilidades administrativas, Prieto destacó que el Gobierno del señor Page no está cumpliendo adecuadamente con las funciones asignadas, tanto en la Delegación de Desarrollo Sostenible como en la Consejería, en lo que respecta a la garantía del cumplimiento de la declaración ambiental. También mencionó la relevancia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en lo que respecta a la calidad de las aguas del acuífero afectado.

Finalmente, los alcaldes de la zona están contemplando presentar preguntas con relación a esta investigación ante la Comisión Europea, y los servicios jurídicos de los ayuntamientos se encuentran recopilando informes que podrían fundamentar acciones legales en un futuro cercano.