El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado la modificación de la Ley de Aguas propuesta por el Grupo Socialista, que permitirá implementar un canon medioambiental en la factura del agua a partir de 2025. Este impuesto, respaldado por el Gobierno regional y por el PSOE, podría recaudar 15 millones de euros anualmente, siendo criticado por la oposición de PP y Vox como un "impuestazo".

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha resaltado que la modificación busca flexibilizar y dar estabilidad al canon, asegurando que el dinero recaudado se destinará a mejorar las redes de abastecimiento de la región.

Según la consejera, Castilla-La Mancha tiene uno de los costos más bajos de agua, y a pesar del canon, el metro cúbico seguirá costando 1,91 euros. En comparación con otras comunidades autónomas, el canon en Castilla-La Mancha es uno de los más económicos, recaudando menos que lugares como Galicia o Andalucía.

El objetivo de este impuesto es mejorar el tratamiento del agua, considerando que aún hay carencias en cuanto a depuradoras e infraestructuras hídricas en la región. La recaudación será dedicada a una red de agua eficiente y sostenible, con parte del dinero cedido a los ayuntamientos para decidir en qué invertir.

Desde el PSOE, se ha defendido la iniciativa destacando que la modificación mantiene cuatro tramos de consumo para garantizar la justicia social y la progresividad de la tarifa con el objetivo de promover el ahorro de agua. El canon del agua sería obligatorio por normativa europea, siendo uno de los más económicos a nivel regional y con excepciones para los primeros 10.000 litros de uso mensual por vivienda.

En contraste, Vox ha criticado la red obsoleta y la Ley de Restauración de la Naturaleza que afecta al suministro de agua en la región. También señalan problemas en la terminología de la ley y discrepan sobre quién asumirá el pago del impuesto en caso de impago.

Desde el Partido Popular se ha denunciado la falta de debate parlamentario en la modificación de la ley y se ha acusado al Gobierno de querer subir impuestos a los ciudadanos de la región. Se destaca que regiones como Madrid o Murcia no cuentan con este impuesto y se cuestiona a quién beneficia realmente esta medida.