El sector de limpieza en Castilla-La Mancha exige un convenio regional para mejorar condiciones laborales
Más de 300 trabajadores del sector de limpieza en Castilla-La Mancha se manifestaron en Toledo este martes. Reclaman un convenio colectivo regional que garantice salarios dignos y condiciones laborales homogéneas en toda la comunidad. La movilización se produjo en un contexto de finalización de los convenios provinciales, que afectan a más de 18.000 empleadas y empleados, en su mayoría mujeres y con contratos a tiempo parcial.
El sector de limpieza desempeña un papel clave en servicios públicos esenciales en hospitales, colegios y administraciones, pero enfrenta precariedad laboral y desigualdades entre provincias. La falta de un acuerdo marco regional limita la negociación de condiciones y perpetúa la fragmentación laboral. La administración pública, principal cliente del sector, ha reducido su inversión, lo que agrava la situación.
Desde los sindicatos, se denuncia que la falta de un convenio único perjudica a las trabajadoras, que sufren discriminación y bajos salarios en comparación con otros sectores. Además, se cuestiona la voluntad de la patronal de bloquear las negociaciones, buscando reducir derechos en aspectos como el absentismo y las prestaciones por enfermedad. La movilización refleja la urgente necesidad de diálogo y cambio.
El contexto político en Castilla-La Mancha, marcado por la gestión de recursos y presupuestos, influye en la situación del sector. La Junta de Comunidades, que destina fondos a servicios sociales y sanitarios, debe equilibrar sus prioridades para atender también a sectores como la limpieza. La negociación de un convenio regional sería un paso para fortalecer la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo.
De cara al futuro, los sindicatos esperan que la administración actúe como mediadora y facilitadora de la negociación. La propuesta de una mesa única para toda la región apunta a reducir desigualdades y mejorar la calidad del empleo en un sector estratégico y esencial. La evolución de estas demandas será clave para entender las políticas laborales en Castilla-La Mancha en los próximos años.