El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un individuo que fue diagnosticado con un trastorno de personalidad límite tras ser acusado de intentar asesinar a un médico. Este médico había llegado a su hogar luego de que la madre del acusado solicitara ayuda a emergencias, alegando que su hijo había agredido a su padre. Los magistrados del alto tribunal indicaron que la exoneración era indiscutible, dado que se demostró que el acusado se encontraba en un estado de "intoxicación plena" debido a las drogas y al alcohol.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se establece que la información contenida en los hechos probados de la sentencia de instancia impide cualquier modificación en cuanto a la absolución del acusado. Esto significa que, por más graves que sean los hechos, no se puede cambiar el veredicto debido a la condición mental del implicado al momento de los sucesos.

Sin embargo, esta resolución no fue unánime, ya que dos de los jueces del tribunal mostraron su desacuerdo. El presidente en funciones de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y el magistrado Vicente Magro emitieron un voto particular donde expresaron su discrepancia respecto a la decisión mayoritaria.

Los incidentes ocurrieron en una madrugada de junio de 2018, cuando el acusado asestó un golpe a su padre en el ojo derecho. Después de haber ingerido una cantidad indeterminada de sustancias psicoactivas, comenzó a proferir insultos y a agredir a su progenitor, lo que llevó a su madre a contactar al 112 alertando sobre la situación de violencia.

Cuando los profesionales de la salud llegaron a la vivienda, el acusado se abalanzó sobre el médico con un grueso palo de madera, golpeándolo sin previo aviso, con la clara intención de acabar con su vida. Esta violencia desmedida dejó al sanitario inconsciente en el suelo, mientras el acusado profería amenazas de muerte.

La Guardia Civil llegó poco después y se encontró con el acusado en medio de un ataque de ira, amenazando a su madre y a los agentes con un cuchillo. En una situación de alta tensión, el acusado exhibió una actitud desafiante, riendo mientras amenazaba con buscar un arma de fuego. A pesar de los esfuerzos de los agentes por controlar la situación, requirieron el apoyo de refuerzos para poder reducir al agresor, quienes también sufrieron golpes durante la maniobra.

Las heridas sufridas por el médico fueron gravísimas, incluyendo un traumatismo craneoencefálico y maxilofacial, además de múltiples hematomas y fracturas que requirieron una larga temporada de rehabilitación y varias cirugías. Su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas quedó gravemente afectada, siendo finalmente reconocido con una incapacidad permanente.

El padre del acusado, aunque no solicitó compensación, también padeció lesiones significativas que necesitaron atención médica. Los dos agentes de la Guardia Civil presentes igualmente resultaron heridos, pero sin secuelas permanentes.

En primera instancia, la Audiencia Provincial de Toledo absolvió al acusado del intento de asesinato, aplicando la eximente de intoxicación, aunque lo condenó a un internamiento de hasta 15 años en un centro de deshabituación y a indemnizar a las víctimas. Sin embargo, diversas partes, incluido el Colegio de Médicos de Toledo y la Fiscalía, desaprobaron esta decisión y apelaron al Tribunal Superior de Justicia, que aumentó la compensación al médico afectado.

Los siguientes recursos al Tribunal Supremo se basaron en la supuesta vulneración del derecho a un juicio justo y en la consideración de que la intoxicación no debería eximir al acusado de sus responsabilidades. No obstante, el alto tribunal reafirmó que no se puede condenar al agresor por atentado contra un funcionario, dado que este no era consciente de la condición del médico agredido durante el ataque.

Los jueces del Supremo también rechazaron el argumento de que la eximente de responsabilidad no aplicaba en este caso, subrayando que las circunstancias de intoxicación del acusado eran claras y habían sido sostenidas por numerosos informes médicos que justificaban su incapacidad de discernir lo que era correcto o incorrecto.

Finalmente, el Tribunal Supremo desestimó los recursos y mantuvo las decisiones previas, incluyendo las órdenes de internamiento y las indemnizaciones. Los magistrados disidentes criticaron la decisión del tribunal, sugiriendo que debería haberse reexaminado el caso para abordar adecuadamente las discrepancias planteadas en los recursos.