En Ciudad Real, el 17 de diciembre, se prepara un juicio que ha captado la atención del público debido a la gravedad de los delitos que se le imputan a un joven de 24 años, identificado como N.R.B. Este individuo se enfrentará los días 18 y 19 de diciembre ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, donde se le acusa de tres delitos contra la libertad sexual y un cuarto por prostitución de una menor, un caso que ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad de los jóvenes en las plataformas digitales.

De acuerdo con los detalles presentados en el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, los hechos denunciados se remontan a noviembre de 2020. En ese momento, el acusado interactuó por medio de Instagram con la víctima, quien solo tenía 15 años. Durante sus conversaciones, se alega que N.R.B. solicitó a la menor que le enviara fotografías desnuda, a lo que la joven, lamentablemente, accedió.

Posteriormente, el acusado hizo una propuesta que implicaba la creación de un vídeo sexual, prometiéndole a la menor una remuneración que oscilaba entre 1.000 y 2.500 euros. La joven, atraída por la oferta económica, decidió acudir a la casa del acusado, lo que la llevó a una situación comprometida y peligrosa.

Al llegar al domicilio de N.R.B., este mantuvo, según la acusación, relaciones sexuales con la menor durante varios minutos, mientras supuestamente grababa la escena con su teléfono móvil, un acto que ha generado indignación y preocupación en la sociedad. La gravedad de estas acusaciones resalta la necesidad de controles más estrictos en el uso de redes sociales entre menores.

La Fiscalía, en su escrito, ha señalado que no se ha corroborado la existencia de la grabación alegada por el acusado. Asimismo, se informó que la menor no recibió la suma de dinero prometida antes de la relación sexual, lo que añade una capa de manipulación y explotación al caso.

Como consecuencia de estos acontecimientos, el Ministerio Fiscal ha solicitado una severa condena para N.R.B., planteando una pena de cárcel de 16 años por los tres delitos contra la libertad sexual y el delito de prostitución de una menor. Además, se está pidiendo una compensación económica por los daños morales sufridos por la víctima, destacando la necesidad de proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad.