En una reciente sesión, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un acuerdo que permite al Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, llevar a cabo una consulta popular sobre la posibilidad de instalar una planta de biometano en la localidad.

La Constitución Española, en su artículo 149.1.32ª, confiere exclusivamente al Estado la responsabilidad de autorizar la convocatoria de consultas populares, destacando la importancia y el rigor que deben acompañar a este tipo de decisiones.

Adicionalmente, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) otorga a los vecinos el derecho a promover una consulta popular. En su artículo 71, se establece que los alcaldes, siempre que exista un consenso de mayoría absoluta en el Pleno y la aprobación del Gobierno central, pueden someter a votación popular aquellos temas que, de manera local, sean de notable relevancia para la comunidad, salvo en lo que respecta a cuestiones fiscales.

El Gobierno ha decidido permitir la realización de esta consulta, ya que cumple con los criterios necesarios según el artículo 71 de la mencionada Ley. Este asunto, al ser de competencia local y de gran interés para los ciudadanos, no se relaciona con la gestión económica del municipio, lo que facilita su votación.