CUENCA, 22 de enero. En Carrascosa del Campo, un grupo de ciudadanos, apoyados por entidades ecologistas, ha iniciado una movilización enérgica contra la propuesta de una planta de biometano y biofertilizantes que se pretende instalar en su localidad.

La iniciativa, impulsada por la empresa Biofertilizantes CH4, S.L.U., prevé la edificación de una instalación industrial de gran tamaño, con la capacidad de procesar hasta 140.000 toneladas anuales de desechos orgánicos y ganaderos. Además, se incluye en el plan la construcción de un ducto de interconexión de casi tres kilómetros de longitud y una línea eléctrica de alta tensión, según informa la Plataforma Vecinal Campos del Paraíso.

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, gestionada por el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el 28 de diciembre pasado.

Los habitantes de la zona critican que la planta se proyecte demasiado cerca del centro urbano y de la Fuente de Villaverde, un lugar emblemático para la comunidad, frecuentado para actividades recreativas, deportivas y sociales.

“No se trata de un polígono industrial alejado, sino de un espacio que forma parte integral de nuestra vida diaria. Para nosotros, no es solo territorio, es nuestra historia”, afirman los miembros del colectivo vecinal.

Un punto de preocupación notable para los residentes es el incremento del tráfico de camiones que esta planta implicaría. Según los datos del propio proyecto, su capacidad de tratamiento de residuos significaría la llegada de aproximadamente 7.000 camiones al año, lo que se traduce en más de 22 camiones cada día, cifra que se duplica cuando se considera la salida de estos, alcanzando cerca de 50 camiones diarios de lunes a sábado.

Sin embargo, critican que el Estudio de Impacto Ambiental no contempla de manera adecuada las rutas de estos vehículos, no evalúa el impacto sonoro del tráfico, ni considera el impacto en caminos rurales que son de uso común para los vecinos, deportistas y agricultores. Además, lamentan que no se haya hecho una evaluación precisa sobre la afectación a la fauna silvestre, ya que los atropellos son un factor importante de mortalidad de animales en España.

Los residentes también advierten sobre la inadecuada evaluación de los posibles olores generados por la planta. El estudio no incluye un modelo de dispersión de olores a nivel local ni toma en cuenta los vientos predominantes, a pesar de estar tan cerca de viviendas habitadas y del mismo núcleo de Carrascosa del Campo. Una casa en Prado Lorenzo está localizada a menos de dos kilómetros de la propuesta industrial.

“En un pueblo pequeño, los malos olores no son solo una incomodidad esporádica, se convierten en un problema persistente”, subrayan.

Además, existe gran inquietud entre los vecinos sobre la posible contaminación de acuíferos. Señalan que el proyecto no aborda adecuadamente los riesgos de polución por nitratos a causa de lixiviados accidentales o del uso de los biofertilizantes producidos, lo que podría comprometer las fuentes de agua y los acuíferos del Guadiana, que actualmente presentan aceptables niveles de calidad.

También critican que la balsa de lixiviados propuesta está mal diseñada, careciendo de rampa de escape, lo que podría suponer un serio peligro para la fauna local.

Los habitantes de Carrascosa del Campo enmarcan este proyecto en un panorama más amplio donde se acumulan infraestructuras impuestas. Ya lidian con obras como la línea de Alta Velocidad, el trasvase, así como parques eólicos y solares, que no benefician a la población, pero sí alteran su paisaje y entorno.

“Nos están tratando de convertir en una zona de sacrificio. Carrascosa no debe asumir más infraestructuras perjudiciales para la salud y el medio ambiente sin que esto traiga beneficios a nuestra comunidad”, claman.

Ante esta problemática, los vecinos se proponen presentar alegaciones de manera formal, organizar reuniones informativas, lanzar campañas de concienciación y no descartan llevar a cabo manifestaciones si el proyecto sigue adelante sin una revisión adecuada de su localización y sus efectos reales.

El colectivo exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que interrumpa el proceso, revise minuciosamente el Estudio de Impacto Ambiental y evalúe los impactos acumulativos de forma rigurosa, asegurando que haya un verdadero proceso participativo antes de tomar cualquier decisión.

“No permitiremos que se decida desde un despacho sobre algo que afecta directamente nuestra salud, entorno y modo de vida”, concluyen.