En un reciente anuncio que ha causado revuelo en el ámbito social y político, el Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, ha decidido llevar a cabo una investigación a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, cuyo lema es 'No es terapia'. Esta organización ha afirmado que se están ofreciendo cursos y talleres de conversión sexual en siete diócesis de España, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la práctica en cuestión.

Este miércoles, la ministra Ana Redondo mantuvo una reunión con Saúl Castro, presidente de la mencionada entidad, quien proporcionó detalles sobre la denuncia que fue formalizada ante el Ministerio de Igualdad, específicamente a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. Esta reunión se ha considerado un paso importante en la discusión sobre la legalidad y la ética de estas supuestas terapias.

Según la denuncia que ha sido revisada por Europa Press, las diócesis implicadas son Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. El Ministerio de Igualdad ha manifestado su intención de evaluar detenidamente el contenido de la denuncia con el objetivo de determinar las acciones que puedan emprenderse dentro de sus competencias legales.

Desde el ministerio, se ha enfatizado que la legislación vigente para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y proteger los derechos de la comunidad LGTBI prohíbe claramente la utilización de métodos o programas que busquen la modificación de la orientación sexual o identidad de género, sin importar si hay consentimiento por parte de la persona involucrada. Esta declaración se erige como un pilar fundamental en la lucha contra prácticas consideradas dañinas y retrogradas.

Además, la normativa establece un régimen de sanciones que oscila entre los 200 y 150.000 euros, acompañadas de la posibilidad de prohibir la recepción de ayudas públicas, dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas. Las transgresiones menores, que incluyen el uso de expresiones ofensivas, pueden ser sancionadas con faltas que van de 200 a 2.000 euros.

Por su parte, las infracciones catalogadas como graves son aquellas donde no se retiran expresiones ofensivas de plataformas digitales a pesar de haber recibido solicitudes para su eliminación, y pueden conllevar multas que oscilan entre 2.001 y 10.000 euros.

Finalmente, las infracciones más serias, que pueden llegar a ser sancionadas con multas que van de 10.001 a 150.000 euros, están relacionadas con la promoción o práctica de métodos de conversión que intentan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas afectadas.

Tras la reunión, Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, indicó la urgencia de abrir un debate social que permita discutir el significado y el impacto de las terapias de conversión, las cuales, según él, niegan la identidad de los individuos y pueden causar traumas psicológicos que perduren a lo largo de toda una vida, afectando su bienestar emocional y sexual.

La semana pasada, la Archidiócesis de Madrid ya había manifestado su desacuerdo con las terapias de conversión sexual, alineándose con la postura del Vaticano; no obstante, subrayaron que aún no habían recibido ninguna denuncia formal al respecto. Asimismo, la Diócesis de Getafe también expresó su oposición a estas prácticas, haciendo hincapié en que la denuncia se refería a conferencias de personas que compartieron sus experiencias de conversión a la fe.

Por último, el Arzobispado de Barcelona se ha distanciado de la organización de estas terapias, reafirmando su oposición a las mismas. En un comunicado emitido el 4 de enero, hicieron hincapié en que tales actividades están presuntamente ligadas a empresas privadas sin la aprobación de la archidiócesis, dejando claro su desacuerdo con tales prácticas.