TOLEDO, 26 de enero.

Javier Ortega, líder del CCOO en Castilla-La Mancha, ha alertado a los empresarios de la región sobre las consecuencias de no implementar mejoras salariales, advirtiendo que la falta de progreso podría desencadenar conflictos laborales. Su intención principal radica en establecer un marco sólido para la negociación colectiva en la zona.

Durante una conferencia de prensa previa al tradicional Cocido de enero que organiza el sindicato, Ortega anunció que se enfocarán en la negociación de los convenios colectivos, buscando priorizar aquellos de mayor relevancia en cada provincia para generar un efecto positivo en toda la región.

En este sentido, citó los convenios del sector logístico en Guadalajara y del metal en Albacete, señalando que las propuestas de aumento salarial deberían comenzar desde un 4 por ciento, considerando que es el momento propicio para abordar estas reivindicaciones en un contexto de márgenes empresariales favorables.

Ortega promovió la necesidad de una racionalización de los horarios laborales, argumentando que, aunque la región presenta altos niveles de actividad, es preocupante que se reclame más esfuerzo a los trabajadores, quienes reciben los sueldos más bajos del país con un ingreso promedio de 24.034 euros y una cifra mediana que apenas supera los 21.000 euros.

Al enfatizar que los empleados de Castilla-La Mancha han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 7%, recordó que, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, hay un estimado de 140 millones de euros en horas extras no remuneradas, lo que podría estar vinculado a la creación de unos 5.000 nuevos empleos.

En el ámbito de la vivienda, CCOO propuso iniciativas para fomentar el alquiler social y reactivar viviendas antiguas desocupadas, con el fin de controlar lo que consideran una situación especulativa que presiona el mercado de la vivienda. Además, abogan por mejorar la capacitación de los trabajadores en el sector de la construcción.

Respecto a la seguridad laboral, Ortega reclamó la necesidad de contar con más personal capacitado para minimizar riesgos, en particular en la industria de la construcción, donde los accidentes son más comunes. Instruyó que no se puede aceptar que trabajar implique un peligro mortal, y sugirió considerar acciones legales para asegurar el cumplimiento de las normativas de prevención por parte de las empresas incumplidoras.

Recordó que el año anterior, 36 trabajadores perdieron la vida en sus labores, y destacó que esta situación no debe ser considerada como un simple accidente. Además, hizo hincapié en que los sectores más afectados son la construcción y otras industrias, especialmente en lo que respecta a caídas desde alturas, por lo que el sindicato planea lanzar una campaña informativa sobre estos peligros al Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

En otro ámbito, Ortega destacó la importancia de los cuidados y abogó por transformarlos en un eje central de calidad en Castilla-La Mancha, sugiriendo que es necesaria una "alianza regional" que valore las políticas de cuidados como un tema económico y democrático primordial, en lugar de una mera cuestión social.

Sobre el empleo digno, su atención se centró en la futura Ley de Medidas destinada a cerrar la brecha de género en el ámbito económico, resaltando la necesidad de la participación sindical en el proceso y de garantizar empleos públicos de calidad mediante condiciones salariales justas para quienes prestan estos servicios.

Finalmente, Ortega abordó el reto demográfico, la recuperación de la carrera sanitaria y el potencial impacto de la inteligencia artificial en el empleo, considerado un desafío inminente por algunos empresarios. En este contexto, informó que CCOO ha presentado una queja formal al delegado del Gobierno, Pablo Sabrido, para pedir a dar cuenta sobre la actuación "desproporcionada" de la Policía en relación con la investigación a 16 trabajadores detenidos de empresas auxiliares en el complejo petroquímico de Puertollano, indagados por su papel en las huelgas del sector del metal del 3 y 4 de noviembre.

También prevén solicitar explicaciones a la empresa Repsol, así como registrar una pregunta parlamentaria para instar a Sumar en el Congreso a requerir aclaraciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre estas acciones policiales.