En el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara se llevó a cabo una vista este lunes, donde ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fueron juzgados por encerrarse en una sucursal bancaria de Cabanillas del Campo hace siete años en protesta por un desahucio.

A pesar de su ausencia en la vista, los acusados se concentraron desde temprano en las puertas de los juzgados, apoyados por diversos colectivos, sindicatos, formaciones políticas y personas individuales, para protestar por las penas solicitadas y denunciar el carácter político del juicio.

La Acusación Particular se adhirió a las peticiones de la Fiscalía, que solicitaba doce meses de prisión por desobediencia y allanamiento, evitando así penas mayores que hubieran requerido la presencia de los acusados en la vista.

Los abogados de los acusados enfatizaron que no hubo intención de causar daños, sino que estaban mostrando solidaridad con la persona que iba a ser desahuciada, Paola.

En el 2017, los acusados accedieron a una oficina de CaixaBank en Cabanillas del Campo para acompañar a Paola, llevando a su detención. A pesar de la prolongada vista, los acusados se mantuvieron a las afueras de los juzgados.

Diego Herchhoren, uno de los acusados, explicó su decisión de no asistir al juicio, argumentando que era injusto y que es legítimo desobedecer una norma injusta.

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara convocó una concentración en protesta en los Juzgados de la capital alcarreña durante el juicio.

Tras más de siete años de espera, los acusados, apoyados por diversas organizaciones, reiteraron que están enfrentando un juicio político al que se declaran insumisos.