TOLEDO, 3 de enero. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha dado a conocer, en su edición del viernes último, una orden emitida por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Este documento establece las normas y procedimientos necesarios para una ejecución eficiente de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2025, asegurando así una firme disciplina presupuestaria en el manejo de las cuentas regionales.

En esta nueva etapa presupuestaria, el objetivo principal es seguir avanzando hacia el blindaje de los servicios y prestaciones esenciales vinculados al Estado del Bienestar. Además, se busca crear un entorno propicio que estimule la dinámica económica, fortalezca el desarrollo empresarial y fomente la generación de empleo. Se pone especial énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como en la potenciación del sector primario, reconocido como un pilar fundamental de la economía castellano-manchega, al tiempo que se continúa enfrentando el desafío demográfico que la región atraviesa, como han señalado las autoridades locales en un comunicado de prensa.

Los Presupuestos del gobierno autonómico para el presente año alcanzan un total de 12.716 millones de euros, lo que representa una variación del 0,9 por ciento en comparación con el ejercicio anterior. Esta cantidad, inyectará 7.125 millones de euros en la financiación de servicios públicos que son pilares del Estado del Bienestar, tales como el sistema de salud, la educación y los servicios sociales. Este monto es 2.625 millones superior a lo que se había presupuestado en 2015, lo que refleja el compromiso continuo del gobierno regional con la mejora de estos servicios vitales.

En relación a las políticas enfocadas en fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, se ha consignado una inversión que supera los 3.080 millones de euros, lo cual representa un incremento significativo de 1.200 millones respecto a los presupuestos de 2015, es decir, un aumento del 64 por ciento. Además, se vuelve a poner de relieve el impacto del reto demográfico en las políticas presupuestarias. La Estrategia Regional contra la Despoblación contará con un presupuesto de 2.037 millones de euros, lo que supone un incremento del seis por ciento respecto a la asignación prevista en 2024. Esta inversión se distribuirá en cuatro áreas clave: servicios públicos, ámbito económico, dimensión social y territorial, reafirmando así el compromiso de la Junta de Comunidades ante uno de los desafíos más importantes de la región.