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Domingo, 1 de noviembre de 2026 Edición Castilla-La Mancha · Red Crónica
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Juzgan a un funcionario interino de Vigilancia Penitenciaria de Toledo por estafar a la pareja de un recluso

La Fiscalía pide 3 años y medio de prisión para un funcionario interino acusado de estafar en 2014 a la pareja de un recluso de Ocaña I. Juicio en Toledo.

Redacción automática · Crónica Castilla-La Mancha 2 min de lectura

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes, 3 de noviembre, a C.M.P., funcionario interino del cuerpo de auxilio judicial en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, acusado de estafar en 2014 a F.E.G., pareja sentimental de C.R., recluso en el Centro Penitenciario de Ocaña I. El ministerio fiscal pide tres años y medio de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, entre marzo y diciembre de 2014 el acusado, aprovechando su acceso a la oficina que tramitaba los expedientes de vigilancia penitenciaria de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca, habría prometido a la denunciante audiencias con la juez de Vigilancia Penitenciaria, permisos de salida y la libertad condicional para C.R., a cambio de cantidades de dinero.

La acusación sostiene que el funcionario se presentó con identidades distintas: primero como R., juez de Vigilancia Penitenciaria, y después como G., funcionario del Juzgado que trabajaba con un bufete de abogados. Para dar credibilidad a sus promesas, habría mostrado un supuesto documento sellado y compulsado que fijaba falsamente la salida de prisión de C.R. para el 29 de agosto de 2014, y le habría entregado un modelo de declaración de acogida para avalar los permisos.

Por estos hechos, la Fiscalía los califica como estafa con agravante de aprovechamiento de la credibilidad profesional. Solicita tres años y seis meses de prisión, nueve meses de multa, inhabilitación especial e indemnización de 6.800 euros a la víctima, cantidad que, según la acusación, la denunciante abonó al hijo del acusado y en metálico.

El juicio permitirá determinar si los hechos se sostienen en sede judicial. La causa pone el foco en el acceso de funcionarios a información sensible de los expedientes penitenciarios y en la confianza que depositan en ellos los familiares de los internos.

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