TOLEDO 8 Dic.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto de relieve la notable ejecución financiera del Plan de Desarrollo Rural 2014-2022, el cual culminará el próximo año. Hasta ahora, se ha logrado ejecutar un impresionante 84,90 por ciento de estos fondos, lo que ha generado el reconocimiento por parte de la Comisión Europea.

La viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales, subrayó la firme intención de completar las inversiones restantes antes de que cierre el año 2025. Esto fue contundentemente expresado en una reciente reunión del Comité de Seguimiento del PEPAC, donde se analizó el estado de la ejecución financiera de los fondos europeos y los proyectos beneficiados por estos.

En términos más específicos, Canales destacó que las ayudas agroambientales y la agricultura ecológica han alcanzado casi el cien por cien de ejecución, al igual que el programa LEADER. La viceconsejera atribuyó este éxito a las medidas anticipadamente implementadas por el Gobierno regional para garantizar la máxima ejecución posible de los recursos disponibles.

En relación a los objetivos ambientales y sociales que contempla el programa, la viceconsejera aseguró que se están cumpliendo con un alto grado de eficiencia. De hecho, el representante de la Comisión Europea presente en la reunión no escatimó en elogios al trabajo que se está desarrollando en Castilla-La Mancha, confirmando que se están logrando los objetivos establecidos y que, por ende, los fondos están siendo administrados de manera adecuada, según se desprende de un comunicado oficial del Gobierno regional.

El Comité de Seguimiento del PEPAC congrega a diversos órganos gubernamentales con competencias en materia de fondos europeos, así como representantes del Ministerio, de organizaciones profesionales agrarias, sindicatos, asociaciones de mujeres, la Academia de Gastronomía, grupos ecologistas, la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural y representantes de la Comisión Europea.

Este comité actúa en calidad consultiva, lo que implica que se les consulta sobre cualquier norma que desarrolle la Consejería, con el objetivo de promover la transparencia y fomentar la colaboración con todas las instituciones y entidades involucradas.