La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en C-LM denuncia la Proposición de Ley como un 'parche legal'
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en C-LM denuncia la propuesta legislativa como un 'parche' que no aborda la crisis habitacional ni garantiza derechos sociales.
Un colectivo de organizaciones ha establecido la Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Castilla-La Mancha, con el objetivo de coordinar acciones y presentar una postura unificada ante las administraciones regionales. La entidad critica la propuesta legislativa del Gobierno autonómico, calificándola de 'parche legal' que carece de una visión integral sobre el derecho a la vivienda.
El contexto político revela que la Junta de Castilla-La Mancha ha presentado una Proposición de Ley centrada en medidas urgentes para movilizar suelo y facilitar la construcción de viviendas, en respuesta a la crisis habitacional. Sin embargo, la plataforma advierte que esta iniciativa no aborda la problemática de fondo ni contempla una legislación que garantice el derecho universal a la vivienda.
Desde la plataforma, se señala que la ley en cuestión, aunque busca incrementar el parque de vivienda social, presenta fallos en la protección de los colectivos más vulnerables. La regulación actual permite desalojos por impagos incluso en casos de vulnerabilidad social, lo que aumenta la inseguridad habitacional de las personas en situación de precariedad.
Por otra parte, critican que la ley prioriza la construcción de nuevas viviendas y la reclasificación de suelo frente a medidas que faciliten la adquisición de viviendas existentes. La plataforma también reclama una mayor inversión en viviendas vacías y en la recuperación de inmuebles para alquiler social, en línea con las demandas de organizaciones sociales.
En un escenario político donde las competencias en materia de vivienda permanecen en manos de las comunidades autónomas, la plataforma exige una ley regional que considere las necesidades sociales y garantice derechos básicos, en lugar de responder a intereses especulativos o de mercado. La iniciativa busca también reforzar la protección frente a desalojos y promover medidas específicas para colectivos vulnerables, como hogares monomarentales o víctimas de violencia de género.
El futuro de la política de vivienda en Castilla-La Mancha dependerá de la voluntad política de avanzar hacia un marco normativo que reconozca la vivienda como un derecho humano. La plataforma insiste en que solo un enfoque integral y participativo podrá afrontar con eficacia la crisis habitacional en la comunidad.