CIUDAD REAL, 2 de enero.

La Policía Nacional ha calculado que alrededor de 5.000 personas están participando en una rave que comenzó la noche del 31 de diciembre en las proximidades del aeropuerto de Ciudad Real. Este evento, que ha sido trasladado en años anteriores a las provincias de Murcia y Granada, ha suscitado atención por su magnitud y organización no oficial.

El subdelegado de Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha confirmado esta cifra de asistentes, quienes han accedido al lugar en más de 1.500 vehículos, en su mayoría furgonetas camperizadas y autocaravanas. Este tipo de eventos plantea interrogantes sobre el respeto a las normativas y la seguridad pública.

El operativo de seguridad está conformado por aproximadamente 170 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, quienes están encargados de garantizar que la rave transcurra con la "mayor seguridad, tranquilidad y normalidad posible". Sin embargo, la falta de permisos para la celebración abre la puerta a preocupaciones mayores sobre este tipo de reuniones masivas.

Broceño ha indicado que, para reforzar la seguridad, se ha incorporado una unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que proviene de Madrid, así como varias dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Toledo. Este despliegue resalta la seria disposición del Gobierno para enfrentar situaciones que puedan comprometer la seguridad pública.

A pesar de la falta de autorización oficial para el evento, la expectación generada en la provincia no ha pasado desapercibida. La cantidad de asistentes y la cobertura mediática han puesto de relieve una problemática que trasciende lo meramente festivo, sugiriendo potenciales riesgos y descontento social ante la celebración de este tipo de raves.

Los organizadores de la fiesta han establecido equipos de sonido y estructuras temporales en el área del aeropuerto, aprovechando el amplio espacio disponible. Sin embargo, se plantea la cuestión de la legalidad y las implicaciones de llevar a cabo un evento de tal magnitud sin el respaldo de las autoridades competentes.

En cuanto a la posibilidad de un desalojo, Broceño ha afirmado que en este momento no se prevé dicha acción, dados los miles de asistentes. El subdelegado ha señalado que "desalojar un espacio con 5.000 personas puede ser complejo", y ha enfatizado que su prioridad es asegurar que todo se desarrolle con la calma adecuada. No obstante, ha dejado claro que, de existir una orden judicial, las autoridades procederán al desalojo.

Sobre la duración de la rave, el subdelegado anticipa que este evento podría extenderse entre seis y siete días, siguiendo la tendencia de ediciones pasadas.

Además, el subdelegado del Gobierno ha dado a conocer que la empresa responsable del aeropuerto, Ciudad Real International Airport (CRIA), ha interpuesto una denuncia contra los organizadores de la macrofiesta por ocupación indebida de su propiedad. Este hecho presenta otro ángulo de la situación, donde las instituciones buscan proteger sus intereses ante actividades no reguladas.

En este contexto, Broceño ha comentado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están actualmente investigando el caso, con el objetivo de remitirlo al juzgado de instrucción en un plazo no mayor a 72 horas. Esto refleja una decisión firme por parte del Gobierno para abordar situaciones de orden público que puedan surgir de este evento.

Finalmente, ha señalado que no se descarta la posibilidad de imponer sanciones administrativas tanto a los organizadores como a los asistentes de la rave, similar a lo que podrían hacer también la Junta y el Ayuntamiento de Ciudad Real en sus competencias. Este evento genera un debate más amplio sobre la legalidad y el impacto social de las raves, resaltando la necesidad de una regulación más clara y efectiva en el futuro.