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Jueves, 29 de octubre de 2026 Edición Castilla-La Mancha · Red Crónica
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La UME eleva a 250 los efectivos en Urda tras el accidente ferroviario con 68 muertos

La UME eleva a 250 efectivos el dispositivo en Urda tras el choque de un AVE y un Iryo que dejó al menos 68 muertos.

Redacción · Crónica Castilla-La Mancha 2 min de lectura

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha elevado a 250 los efectivos desplegados en Urda (Toledo) tras la colisión entre un tren AVE y un Iryo, un accidente en el que al menos 68 personas han perdido la vida. El dispositivo de rescate se completa con 422 agentes de la Guardia Civil, 123 medios terrestres, tres helicópteros, unidades caninas, drones y 102 efectivos de Protección Civil.

El Ministerio del Interior ha reforzado además la presencia policial con 53 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y 21 vehículos. El despliegue incluye también caballería y oficinas de atención al ciudadano, lo que indica que la respuesta contempla tanto la búsqueda técnica como la atención a familiares y afectados.

El Ministerio de Defensa ha precisado que la prioridad de la UME es localizar y rescatar con urgencia a las personas atrapadas. Para ello, las tareas incluyen abrir accesos a la zona y retirar elementos ferroviarios de gran tonelaje que dificultan el trabajo de los equipos.

La magnitud del operativo refleja la gravedad de un siniestro que obliga a coordinar varios cuerpos y administraciones. La intervención conjunta entre Defensa, Interior y Protección Civil pone a prueba los protocolos de emergencia previstos para catástrofes de gran escala.

Más allá de la emergencia inmediata, el accidente abre interrogantes sobre la seguridad de la red ferroviaria y sobre la convivencia de distintos operadores en las mismas infraestructuras. Las investigaciones que se abran deberán esclarecer las causas técnicas y las responsabilidades, un asunto que previsiblemente tendrá recorrido político en las próximas semanas.

En perspectiva, el caso de Urda será una referencia para el debate sobre la inversión en seguridad ferroviaria y la capacidad de respuesta del Estado ante sucesos de esta naturaleza, un debate que trasciende a Castilla-La Mancha y afecta al conjunto del sistema de transporte nacional.

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