TOLEDO, 12 de noviembre. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha estimado que aproximadamente 400 trabajadores y 70 empresas han sido afectados por la reciente DANA en Castilla-La Mancha. Además, ha señalado que un total de 191 autónomos han solicitado el cese de actividad. En este contexto, destacó las medidas que ha implementado el Gobierno, instando a los afectados a mantener la calma y asegurando que "estamos cumpliendo con nuestro mandato constitucional".

En una rueda de prensa celebrada en Toledo, Díaz discutió las iniciativas más recientes tras su reunión con agentes sociales y el Gobierno regional. Subrayó que los empresarios cuentan con la opción de recurrir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, un recurso que ya estaba contemplado en la normativa existente sin necesidad de modificaciones.

Según los datos proporcionados por la ministra, a nivel nacional, más de 10.000 personas y 400 empresas ya se benefician de esta herramienta, y reafirmó su petición de "tranquilidad para empresas y pequeños autónomos". En este sentido, recalcó que el Gobierno de España se encargará del 100% de las cuotas empresariales, permitiendo así que los trabajadores accedan a prestaciones por desempleo incluso sin haber cotizado, y que las trabajadoras del hogar también puedan beneficiarse de ayudas públicas con características similares.

Díaz hizo un llamado a los empresarios de Castilla-La Mancha y del resto del país afectados por la crisis a que eviten despedir personal y opten por los ERTEs. También advirtió que no se permitirán horas extras ni nuevas contrataciones a menos que estas sean para cubrir actividades extraordinarias a las ordinarias.

Para aquellos trabajadores con contratos temporales, la ministra garantizó protección, dado que la duración de dichos contratos se interrumpirá. Asimismo, las personas que deban ausentarse de sus trabajos podrán disfrutar de permisos retribuidos, con el salario y las cotizaciones pagadas por el Gobierno.

Por otro lado, quedó claro que cualquier despido en este contexto tendrá "caracterización estricta de nulidad", lo que significa que cualquier acción de este tipo obligará a la reintegración del trabajador afectado en su puesto. Tanto el Servicio Público de Empleo como la Inspección de Trabajo estarán completamente a disposición de los trabajadores, con un refuerzo de sus capacidades, como indicó la ministra, quien enfatizó la importancia de "proteger a quienes más lo necesitan".

Díaz también ofreció tranquilidad asegurando que todas las medidas sociales "no están sujetas al código postal", por lo que las empresas que se vean afectadas, independientemente de su localización, podrán recibir protección. Subrayó que “toda la afectación indirecta va a verse atendida”, haciendo hincapié en las ayudas incluidas en el último decreto publicado al respecto.

La ministra expresó su comprensión por la difícil situación que enfrentan los ciudadanos, recordando la conmoción generalizada en el país debido a las riadas. En nombre del Gobierno de España, trasladó su más sentido pésame a todas las familias afectadas. También reconoció las "singularidades" de esta crisis, donde muchas personas "han perdido todo", no solo bienes, sino vidas humanas.

Para Díaz, esta crisis tiene "características especiales" y aseguró que las instituciones "estarían a la altura", tal como lo hicieron durante la pandemia. “Nos pondremos al lado de todas las personas autónomas, de las familias, de las empresas, y de quienes lo necesiten. Gestionar bien salva vidas, empleos, empresas, y es vital para la mejora de nuestro país”, afirmó.

Finalmente, insistió en la importancia de "defender la institucionalidad" en la gestión de esta crisis, algo que consideró "fundamental". Desde el comienzo, su departamento ha estado en contacto constante con agentes sociales y los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana para coordinar los esfuerzos y garantizar una respuesta eficaz.