El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado abiertamente a varios miembros del Gobierno español, incluyendo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su intento de aclarar el controvertido reparto de jóvenes migrantes.

García-Page, tras firmar un convenio para impulsar la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031, subrayó que aunque aprecia el interés de los ministros por aclarar este asunto, será él quien se encargue de explicarles la realidad con gran detalle. "Agradezco el interés, pero estoy listo para darles una lección sobre cómo funcionan realmente las cosas", declaró.

El mandatario regional también se dirigió a aquellos que buscan explicarle los decretos que se generan desde el Consejo de Ministros, indicando que estos funcionarios tuvieron una "oportunidad dorada" para discutir y negociar antes de que se tomaran decisiones que impactan a las comunidades autónomas. Esto, afirmó, es lo que debería hacerse de acuerdo con la Constitución.

"Aquí conocemos nuestras prioridades y no sucumbimos a los populismos ni a discursos engañosos", agregó, dejando claro su firme postura al respecto.

En un tono crítico, García-Page mencionó que algunos miembros del Gobierno quizás no han tenido la oportunidad de leer clásicos como "Don Quijote", a pesar de que pudieran estar mejor informados al consultar el Boletín Oficial del Estado, documento que, según él, contiene no solo decisiones actuales, sino también aquellas que se intentaron llevar a cabo en el pasado.

Refiriéndose al nuevo impuesto a la banca, el presidente regional resaltó que su Consejo de Gobierno se reunió recientemente para aprobar un recurso de inconstitucionalidad en relación a lo que describió como un reparto "injusto y absolutamente 'trumpista'".

Para el presidente, este impuesto es un claro reflejo de cómo se puede generar desigualdad en lugar de fomentar una redistribución equitativa de recursos públicos. "Es, sin duda, un impuesto regresivo. No es progresista en absoluto", afirmó.

García-Page también apuntó que hay comunidades autónomas con un alto Producto Interior Bruto que se están beneficiando del actual sistema, sin expresar su desacuerdo. "Estos actores parecen ignorar las imposiciones de Puigdemont, pero lo justo sería que todos diésemos la talla ante este tipo de presiones", comentó.

Resaltó que la cuestión no es solo sobre el impacto que esto tiene en Castilla-La Mancha, sino que sienta un precedente peligroso para el sistema de financiación territorial. Advirtió que puede conducir a una fragmentación del país y a fortalecer discursos que buscan su división.

Por último, insistió en que su Gobierno asumirá la responsabilidad necesaria en este contexto. "No soy quien para dictarles a otros lo que deben hacer, pero debemos priorizar los valores por encima del dinero, y en este caso es algo que está muy claro", concluyó, criticando a aquellos que, en su opinión, hablan de solidaridad mientras se benefician de políticas que van en contra del bienestar general.