En una reciente intervención en Santander, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en la necesidad de que los partidos tradicionales, PP y PSOE, colaboren en la búsqueda de un nuevo sistema de financiación autonómica. Esta propuesta surge con el objetivo de contrarrestar lo que considera "chantajes" provenientes de las formaciones independentistas catalanas, insinuando que una alianza bipartidista podría fortalecer la posición del Estado frente a estas presiones. García-Page ha subrayado la importancia de que esta cooperación se de desde un enfoque autonómico antes de trasladar la discusión al plano nacional.

En el transcurso de una rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, el líder castellano-manchego expuso que ha dejado claro a sus interlocutores que la riqueza en España es "nacional", tal como establece la Constitución. Afirmó de forma contundente que no aceptará que los recursos generados en Castilla-La Mancha se perciban como una propiedad exclusiva de esta región, defendiendo la necesidad de ceder una parte de esa riqueza al Estado para evitar lo que él califica como "caos" en la financiación autonómica.

Según García-Page, es fundamental que las regiones no se comporten como si fueran dueñas de su Producto Interior Bruto (PIB), y enfatizó que la financiación solicitada debe ser razonable para asegurar la adecuada prestación de servicios públicos. Para él, es vital establecer un modelo único de financiación, ya que considera que no tienen cabida modelos complementarios o singulares que puedan dar lugar a desigualdades en el sistema.

Consciente de que la revisión del modelo de financiación es urgente, García-Page declaró que el retraso en esta actualización ha permitido que el Estado duplique sus ingresos en comparación con las autonomías en la última década. Esto, en su opinión, revela que la demora en la adaptación del sistema de financiación beneficia exclusivamente al Gobierno central, a expensas de las comunidades autónomas.

Proponiendo un enfoque proactivo, García-Page sugirió que el Gobierno de España debe presentar en el próximo trimestre un borrador oficial sobre la financiación autonómica para iniciar un debate efectivo. Considera que la ausencia de este primer paso podría indicar falta de voluntad para abordar la cuestión de la financiación de manera seria.

El presidente también hizo hincapié en que, a lo largo de la historia, los modelos de financiación han incluido peculiaridades regionales que deben tenerse en cuenta. En este sentido, sugirió recurrir a organismos independientes como la AIReF para que evalúen el costo real de la prestación de servicios en las autonomías, siendo esto crucial para establecer un sistema financiero que refleje la realidad de cada región.

Sin embargo, García-Page fue categórico al afirmar que el nuevo modelo no puede incluir más cupos que los ya existentes, y recalcó la necesidad de abordar la discusión sobre la financiación desde una perspectiva de progresividad. Asimismo, advirtió que sin un consenso entre las dos principales fuerzas políticas, cualquier propuesta que surja podría estar influenciada por intereses independentistas de figuras como Puigdemont o Esquerra Republicana.

Además, enfatizó que las decisiones sobre la financiación no pueden ser tomadas unilateralmente por el Gobierno central, ya que eso podría desestabilizar la caja común del Estado. García-Page confía en que, dado el contexto político actual en Cataluña, donde el PSC es el partido en el Gobierno, se pueda alcanzar un gran acuerdo que frene los intentos de chantaje por parte del independentismo.

Durante su intervención, también se abordó la cuestión de la infraestructura y la vivienda, donde García-Page presentó un plan para utilizar terrenos de antiguos hospitales en Castilla-La Mancha como posibles localizaciones para nuevas viviendas, sugiriendo que el Estado, siendo el propietario de esos terrenos, debería asumir la responsabilidad de construir. Esta propuesta se enmarca dentro de un decálogo que el presidente presentó, señalando que es crucial que se construyan, al menos, 200.000 viviendas al año durante los próximos seis años.

Por último, el presidente hizo eco de la necesidad de un esfuerzo conjunto entre PP y PSOE para liberar suelo para la construcción de viviendas, indicando que el acceso a la vivienda es tanto un derecho que debe ser garantizado por los servicios públicos como un bien de mercado. También alertó sobre la situación de la inmigración, sugiriendo la formación de un Pacto de Estado para abordar este fenómeno y evitar interferencias políticas que obstaculicen el consenso necesario para la gestión de este desafío social.