En Ciudad Real, el Seprona de la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación que involucra a cuatro individuos como presuntos responsables de una serie de delitos graves. Se les acusa de poner en riesgo catastrófico el medio ambiente y los recursos naturales, de violar los derechos de los trabajadores, y de cometer falsedad documental al detener las operaciones de la planta encargada de gestionar los residuos animales de categoría 1 en toda Castilla-La Mancha. Estas acciones se deben a numerosas y graves irregularidades biosanitarias y medioambientales en la planta en cuestión.

Esta planta maneja principalmente residuos que contienen partes o cuerpos de animales sospechosos de estar infectados con enfermedades peligrosas y que representan un alto riesgo de transmisión. Además, incluye animales sacrificados debido a medidas de erradicación de enfermedades, animales de experimentación y productos animales expuestos a sustancias prohibidas o contaminantes, según indica la Guardia Civil.

Esta investigación se inició después de que la población de Puertollano se quejara de malos olores provenientes de las instalaciones de la planta en agosto de 2023. Los olores se debieron inicialmente a un incendio en una de las máquinas de la planta en julio, lo que provocó que el enfriado del residuo se tuviera que hacer manualmente y que el hedor se expandiera por fuera del recinto.

En marzo de este año, un representante de una empresa de transporte de este tipo de residuos denunció impagos por parte de la empresa investigada, alertando también sobre la presencia de remolques retenidos y cargados con cadáveres, así como de irregularidades en el almacenamiento de grasas de origen animal. Además, se señaló el peligro al que se exponían los trabajadores debido a los gases generados por la descomposición de materia orgánica en la planta.

El Seprona verificó la información y encontró numerosas irregularidades, incluyendo el vertido sin depuración de lixiviados en un arroyo cercano y la falta de autorizaciones y controles oficiales en la planta. Ante esta situación, se paralizó la actividad de la planta, pero los responsables hicieron caso omiso de la orden, lo que resultó en un seguimiento continuo por parte de la Guardia Civil.

La empresa en cuestión tenía a su cargo la gestión de estos residuos en toda la región, pero se descubrió que almacenaba materiales de manera irregular en naves fuera del recinto, lo que condujo a la inmovilización de miles de toneladas de desechos. Los responsables enfrentan acusaciones por diversos delitos graves, y los informes policiales se han puesto a disposición de la justicia para iniciar diligencias preliminares.