TOLEDO, 15 de mayo. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron en su sesión plenaria este jueves un intenso debate acerca de la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Vox presentó en relación con el Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa impulsado por la Junta. Esta propuesta para rechazar el proyecto gubermental no logró salir adelante debido al voto en contra tanto del PP como del PSOE.

El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, defendió su enmienda argumentando que se trata de un proyecto “nocivo para Castilla-La Mancha”. En su intervención, Blázquez destacó que la iniciativa encierra una maniobra política de privatización encubierta, en la que se propone la creación de entidades colaboradoras para realizar funciones que deberían recaer en funcionarios públicos.

El parlamentario de Vox enfatizó que esta medida no solo debilita el empleo público, sino que también puede fomentar redes clientelares. Blázquez considera que la propuesta es un ataque a la seguridad jurídica y un paso atrás en los derechos de los ciudadanos, así como en la transparencia de las instituciones.

Además, el diputado manifestó su desacuerdo con la afirmación de que esta ley conduciría a una administración más eficiente. Subrayó que el proyecto no presenta medidas concretas para simplificar procesos, como la reducción de plazos o la mejora de procedimientos y recursos públicos.

El diputado de Vox también advirtió que el modelo autonómico ha generado una “telaraña burocrática” en lugar de solucionarla, y pidió una reforma audaz que realmente sirva a los ciudadanos.

En respuesta, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, defendió el proyecto gubernamental, argumentando que busca modernizar la administración regional para hacerla más accesible y eficiente. Según Guijarro, la ley incluye medidas como el silencio administrativo positivo y un espacio digital para que los ciudadanos accedan a los servicios del Gobierno regional.

Defendió también que la norma regula la utilización de la inteligencia artificial en los trámites administrativos, y rechazó las acusaciones de privatización, enfatizando que no se contempla la externalización de servicios. Guijarro aseguró que el modelo propuesto es de colaboración voluntaria y que se incluye un régimen de incompatibilidades aplicable a estas entidades colaboradoras.

Además, subrayó que, contrariamente a la crítica de Vox, serán los empleados públicos quienes se encargarán de elaborar las propuestas de resolución. Señaló que esta normativa es más garantista que la de otras comunidades autónomas y mencionó que legislaciones similares ya han sido aprobadas con el apoyo de Vox en varias regiones españolas.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Santiago Serrano, se manifestó en contra de la enmienda de Vox, pues considera que la ley que se discute es necesaria, aunque reconoció que existen puntos de desacuerdo que deberían resolverse a través del trabajo parlamentario y enmiendas parciales.

Serrano señaló que están abiertos a la posibilidad de realizar modificaciones que optimicen la normativa y evitar que se establezca una “administración a dos velocidades”.

En línea con esta postura, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy rechazó la enmienda de Vox y defendió que el proyecto de ley responde a las demandas tanto de la ciudadanía como del sector empresarial, respetando las competencias de los funcionarios.

Godoy argumentó que la propuesta de Vox solo busca retrasar la implementación de la ley, la cual ya se está llevando a cabo en otras comunidades, algunas de ellas con el impulso de Vox. En su intervención, recalcó que las entidades colaboradoras no desempeñarán funciones propias de los funcionarios ni tendrán autoridad en los procedimientos administrativos.

Finalmente, el diputado socialista hizo un llamado a Vox para que retire su enmienda, asegurando que la existencia de entidades colaboradoras es algo que se ha desarrollado en el ámbito autonómico durante más de 20 años, y que el objetivo de la nueva regulación es proporcionar mayor seguridad jurídica.