La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Toledo, Noelia de la Cruz, ha denunciado presuntas intenciones oscuras detrás del desalojo de un antiguo centro de ocio en La Peraleda, sugiriendo que "algún amigo del alcalde" podría estar interesado en el terreno para proyectar una nueva discoteca.

En una visita al lugar con la viceportavoz Ana Abellán, las representantes socialistas expresaron su preocupación por la situación de las tres familias, que incluyen cinco menores, las cuales fueron desahuciadas hace diez días y, según afirman, están siendo desatendidas por el Ayuntamiento. La falta de suministro de agua ha sido uno de los problemas más graves denunciados.

Abellán insistió en que un tribunal local había solicitado en varias ocasiones que el Gobierno Municipal busque alternativas para estas familias, pero las respuestas han sido insuficientes. "Los Servicios Sociales son quienes deberían atender esta situación, y en vez de eso, se les ha cortado el agua", subrayó la concejala, cuestionando la ausencia de acción por parte de la responsable de Asuntos Sociales, Mari Sol Illescas, quien ha desmentido las afirmaciones del PSOE.

La viceportavoz exigió claridad sobre quién había dado la orden de cortar el agua y demandó que se abrieran los baños públicos de La Peraleda para que las familias pudieran tener acceso a instalaciones básicas, mientras se encuentra una solución adecuada para su situación precaria.

Noelia de la Cruz también criticó la rapidez con la que el Ayuntamiento ha procedido al desalojo y al demolición del edificio, insinuando que podría estar relacionado con el interés de establecer una nueva discoteca en el lugar. "Tenemos motivos para dudar de la verdadera intención de este derrumbe. ¿Por qué tanta prisa?", cuestionó, sugiriendo que podría haber conexiones personales entre el proyecto y el alcalde.

Las críticas hacia el Alcalde se intensificaron cuando se mencionó que, en lugar de asumir la responsabilidad, había solicitado al Gobierno regional asistencia para ofrecer una "vivienda digna" a las familias afectadas. La portavoz socialistas se mostró firme al decir que es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar el bienestar de estos ciudadanos y no desviar sus deberes a otras administraciones.

Entre las voces de los afectados, Silvia Augusto, madre de tres menores, subrayó que desde su desalojo no han recibido ninguna asistencia del equipo de Gobierno. Explicó que algunos de sus familiares habían vivido en el edificio durante 20 años y que la única opción presentada por el Consistorio fue un alojamiento temporal en un hostal, que no sirve para mantener un hogar familiar.

La situación se complica, ya que Silvia y su familia están dispuestos a aceptar un alquiler social, aunque esperan que este se ajuste a su situación económica actual. "Solo pedimos un techo para nuestros hijos; cualquier lugar donde podamos estar juntos", enfatizó. La madre lamentó que con un salario mínimo a tiempo parcial, le resulta imposible cubrir las necesidades básicas para sus tres hijos.