PSOE aprueba Ley de Acompañamiento sin respaldo de PP y Vox.

TOLEDO, 26 de marzo. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron recientemente una intensa sesión plenaria en la que se debatió la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, la cual fue aprobada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gracias a su mayoría absoluta. En este contexto, Vox se mostró en contra del texto, mientras que el Partido Popular (PP) decidió abstenerse, pidiendo que se votaran de forma individual cada uno de los artículos propuestos.

La normativa aprobada mantuvo la estructura original discutida en la Comisión de Economía y Presupuestos, con la inclusión de cuatro enmiendas del PSOE y el rechazo a un total de 49 enmiendas presentadas por el PP. Entre estas últimas, se encontraba una propuesta para restablecer la carrera profesional en el sector sanitario, así como otras 16 modificaciones planteadas por Vox que también fueron desestimadas.

La diputada socialista Silvia Fernández García, quien presentó el proyecto, defendió la iniciativa como un enfoque que asegura una mayor eficacia en la administración pública y una fiscalidad más justa. Según ella, esta medida busca atender el interés general y optimizar la gestión de recursos.

Fernández desglosó el contenido de la ley, resaltando que los primeros 16 artículos se centran en simplificar procedimientos administrativos y mejorar la gestión de recursos humanos. En el segundo capítulo, enfatizó la importancia de facilitar el acceso a la vivienda, con medidas específicas que permiten bonificaciones en la compra de la primera vivienda para jóvenes.

También mencionó beneficios tributarios que incluyen reducciones significativas en los impuestos asociados a la compra de viviendas, destacando la reducción del impuesto de transmisiones en un 40% y un incremento en el umbral de valor de las viviendas aptas para deducción.

En cuanto a la simplificación administrativa, la diputada hizo hincapié en la eliminación de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, afirmando que su absorción por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible representa un avance hacia la reducción de la burocracia.

Desde el PP, su líder Paco Núñez expresó su total desaprobación a la ley, tildándola de “Ley Ómnibus”, compuesta por una serie de pequeñas leyes que, según él, buscan confundir al elector. Núñez acusó al PSOE de manipular el debate, tratando de desviar la atención de su gestión, e instó a llegar a un acuerdo que restableciera la carrera profesional sanitaria, prometiendo su apoyo a la ley en ese caso.

El diputado Santiago Serrano, quien defendió las enmiendas del PP, reiteró que la negativa del PSOE a la enmienda para recuperar la carrera profesional sanitaria ya sería la 63ª vez que bloquea este tema. Destacó además que sus propuestas eran significativas para mejorar el acceso a la vivienda y a recursos en los municipios.

Por su parte, Vox también presentó 16 enmiendas, haciendo hincapié en la necesidad de agilizar el funcionamiento administrativo y evitar la politización de datos en la gestión pública. El diputado Francisco José Cobo argumentó la importancia de permitir que los ayuntamientos tengan más competencias y una reforma seria para mejorar la respuesta administrativa a los ciudadanos.

Cobo denunció que las enmiendas introducidas por el PSOE podrían alterar leyes fundamentales, coincidiendo con Núñez en calificar este proyecto como “Ley Ómnibus”. Por otro lado, Silvia Fernández defendió la postura del PSOE diciendo que las propuestas de la oposición no servían para mejorar el texto legal, sino que lo debilitaban.

La diputada Ana Isabel Abengózar, en respuesta a las acusaciones del PP, afirmó que la recuperación de la carrera profesional sanitaria será una realidad bajo el liderazgo del presidente García-Page. Además, instó a Núñez a reconocer la responsabilidad de su partido en la eliminación previa de esta carrera.

Concluyendo el debate, el consejero de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Molina, abogó por el conjunto del proyecto, subrayando la importancia de simplificar la administración y de las medidas fiscales contempladas que facilitarían el acceso a la vivienda. Lamentó la oposición del PP hacia una moción que proponía asegurar la concesión de avales y préstamos para jóvenes, sugiriendo que su postura no responde a un interés genuino por las necesidades de la ciudadanía.