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Miércoles, 28 de octubre de 2026 Edición Castilla-La Mancha · Red Crónica
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Puente tacha de «inexplicable» la orden de reanudar la marcha de un AVE en Urda

Puente califica de inexplicable la orden de reanudar la marcha de un AVE en Urda, con al menos 64 muertos. Investigación abierta sobre el control de Atocha.

Redacción · Crónica Castilla-La Mancha 3 min de lectura

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de «inexplicable» la decisión tomada desde el centro de control de Adif en Atocha de autorizar la reanudación de la marcha de un tren de Renfe, pese a que el sistema mostraba un aviso rojo que indicaba la presencia de un Iryo circulando por delante, en la vía. La decisión se produjo en el contexto del accidente registrado esta mañana en Urda (Toledo), que ha causado, por el momento, al menos 64 fallecidos.

Puente se ha desplazado esta mañana al centro de control para recabar información sobre lo ocurrido. Desde allí ha trasladado su valoración a los medios. El ministro ha subrayado que el responsable que dio el visto bueno a la reanudación de la marcha ya está identificado y que quedará sujeto a lo que determine la investigación en curso.

El punto central del caso es la secuencia de decisiones en el control de tráfico ferroviario. Un aviso rojo en el sistema de señalización indica que el tramo no está libre. Por ello, la autorización de reanudar la marcha en ese escenario se considera, en principio, una anomalía grave que la investigación deberá esclarecer: si hubo un fallo técnico, un error humano o una combinación de ambos.

Desde el punto de vista político, la situación obliga al Ministerio a explicar cómo funcionan los protocolos de seguridad en un momento en que el sistema ferroviario de alta velocidad está sometido a un escrutinio intenso. La presencia del ministro en Atocha responde también a la necesidad de transmitir control institucional sobre la gestión de la crisis.

Las implicaciones son múltiples. Por un lado, la responsabilidad individual del operador que autorizó la marcha, sobre la que la investigación judicial y administrativa deberá pronunciarse. Por otro, la posible revisión de los procedimientos de mando y de los sistemas de aviso, así como la coordinación entre operadores privados y gestor de infraestructuras, en este caso Renfe, Iryo y Adif.

La prioridad inmediata es establecer con precisión los hechos y depurar responsabilidades. A medio plazo, el accidente de Urda puede abrir un debate sobre la seguridad de la alta velocidad en España y sobre la suficiencia de los controles humanos y automáticos en la red. Las conclusiones de la investigación serán determinantes para el alcance de las reformas que se planteen.

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