Qué hay detrás de la identificación de las 69 víctimas del accidente de Urda
Los forenses de Toledo y Ciudad Real completan las autopsias de los 69 fallecidos en Urda; 36 identificados y 67 denuncias de desaparición activas.
Los institutos de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real han completado la autopsia de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, ocurrido este miércoles. La cifra de víctimas mortales se mantiene en 69, según el balance provisional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. De ellas, 36 ya han sido identificadas mediante huella dactilar, mientras que 33 siguen pendientes de identificación.
Hasta el momento, se han notificado 27 identificaciones a los familiares: 18 corresponden a hombres y nueve a mujeres. Quedan nueve notificaciones por realizar. Antes de incorporar cada caso a la estadística oficial, las familias son informadas de forma personal y presencial, un procedimiento que explica el desfase entre identificaciones y cifras publicadas.
Por lo que respecta a las desapariciones, se han registrado 72 denuncias en distintas comandancias y jefaturas: 38 en Toledo, 24 en Madrid, ocho en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño. Cinco personas han sido localizadas con vida, por lo que permanecen activas 67 denuncias. Catorce de ellas corresponden a ciudadanos extranjeros procedentes de diez países, lo que obliga a coordinar la búsqueda con canales consulares.
El operativo es de gran envergadura. Más de sesenta profesionales participan en las labores de identificación, entre médicos forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, asesores del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, agentes de Criminalística y Policía Judicial, técnicos de autopsia y especialistas del Instituto Nacional de Toxicología, que realizan pruebas de ADN post mortem. Este despliegue responde a la activación del protocolo nacional para sucesos con víctimas múltiples, que coordina el Centro de Integración de Datos como único canal oficial de cifras.
La gestión de la información en un suceso de estas características tiene una relevancia política evidente. La centralización de los datos en un único organismo busca evitar cifras contradictorias y proteger a las familias de noticias no confirmadas. Al mismo tiempo, la lentitud de algunas identificaciones y la presencia de extranjeros entre las personas desaparecidas plantean retos de coordinación entre administraciones autonómicas, estatales y diplomáticas.
Con el paso de los días, la atención se centrará en cerrar el proceso de identificación y en acompañar a las familias, apoyadas por equipos de psicología del Instituto de Medicina Legal. El desenlace de estas labores determinará también el alcance de las futuras investigaciones sobre las causas del siniestro y las responsabilidades que puedan derivarse.