Un grupo de militantes provenientes de diversas comunidades autónomas como Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura, ha expresado su demanda de un sistema de financiación que se califique como "justo" y "multilateral".

El 17 de noviembre, se dio a conocer que al menos seis federaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han llevado a cabo la aprobación de enmiendas a la ponencia marco del partido de cara al 41 Congreso Federal. Estas enmiendas exigen modificaciones a la propuesta sobre financiación autonómica presentada por la dirección nacional del partido.

Los socialistas han acordado que el nuevo sistema de financiación se base en criterios comunes para todas las comunidades autónomas, rechazando la idea de federalizar la Agencia Tributaria, tal como fue planteada por la dirección en Ferraz.

La ponencia marco, que constituye la base de discusiones para el mencionado congreso a celebrarse en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, ha recibido cientos de enmiendas sobre variadas temáticas como vivienda, educación e igualdad. También se enfoca en la financiación autonómica, un aspecto que se anticipa será un punto central en los debates del congreso, especialmente después de que el PSC llegara a un acuerdo con ERC que establece una financiación singular para la comunidad catalana.

Dicho pacto implica que Cataluña cedería la totalidad de sus impuestos a la administración autonómica, lo que en la práctica facilitaría su desvinculación del régimen común en favor de un sistema de concierto similar al que rige en Euskadi y Navarra.

A pesar de que la ponencia elaborada por Ferraz no menciona específicamente este acuerdo, sí se manifiesta a favor de "federalizar" la dirección de la Agencia Tributaria, lo cual otorgaría más autonomía a las comunidades en la toma de decisiones, además de crear una estrategia conjunta con las haciendas autonómicas.

Asimismo, la propuesta sugiere revisar la armonización de los impuestos en el ámbito autonómico para evitar la competencia fiscal negativa entre comunidades, particularmente en los casos de impuestos como el Patrimonio, Sucesiones y las partes más altas del IRPF. Se sugiere que el nuevo modelo de financiación debe mantener un equilibrio entre "multilateralidad" y "bilateralidad", a la vez que se asegura la solidaridad fiscal entre los territorios, siempre y cuando se realice un esfuerzo fiscal equivalente.

El PSOE de Madrid, bajo el liderazgo de Juan Lobato, ha aprobado enmiendas que subrayan la necesidad de establecer criterios estables y comunes para que todas las comunidades contribuyan a la financiación común. En este sentido, reclaman que el sistema de financiación se ajuste al principio de "justicia social", donde cada comunidad aporte de acuerdo a su capacidad y reciba recursos en función de sus necesidades.

Además, en oposición a la propuesta de federalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que impulsa Ferraz, el PSOE de Madrid quiere resaltar la importancia del organismo recaudador, abogando por su rol central en la gestión del sistema tributario. Cabe destacar que las enmiendas son aprobadas por las bases, requiriendo un apoyo del 30% de la militancia de cada federación, lo que recalca el proceso democrático dentro de la estructura del partido, en contraposición a las decisiones tomadas por las direcciones autonómicas.

Por su parte, el PSOE de Castilla La Mancha, encabezado por Emiliano García Page —quien ha criticado abiertamente el pacto entre el PSC y ERC, tachándolo de "obsceno" y "bochornoso"— había señalado previamente su intención de enmendar la ponencia marco con su propuesta de ley para la armonización fiscal.

La mencionada normativa sostiene que todos los ciudadanos españoles deben cumplir con obligaciones fiscales equivalentes, así como disfrutar de los mismos derechos al acceso a servicios públicos, sin importar su lugar de residencia.

Desde la federación aragonesa, también se ha manifestado una fuerte crítica hacia el pacto con el partido catalán. Javier Lambán, su secretario general, ha afirmado que este acuerdo "atenta contra la Constitución". Por lo tanto, han presentado enmiendas que abogan por un sistema de financiación que consideran "justo".

Adicionalmente, el PSOE de Castilla y León ha promovido varias propuestas en pro de un modelo de financiación "multilateral", que considere aspectos específicos que afectan singularmente a la comunidad, tales como la despoblación, el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y los costes derivados de la prestación de servicios públicos. Luís Tudanca, su secretario general, ha enfatizado la necesidad de una reforma "urgente" del sistema de financiación, que contemple el aumento de recursos, tal como fue solicitado por ocho comunidades autónomas durante una cumbre reciente en Santiago.

En Extremadura, se ha confirmado la aprobación de enmiendas sobre el mismo tema, aunque los detalles han sido mantenidos en reserva. Sin embargo, su líder, Miguel Ángel Gallardo, ha abogado por un sistema que se cimiente en principios de "igualdad y justicia social", además de precisar que esta financiación debe caracterizarse por la "certeza, estabilidad y equilibrio".

Por último, los socialistas gallegos han hecho un llamado a suprimir cualquier referencia a la federalización de la Agencia Tributaria y han destacado la importancia de distinguir entre un acuerdo entre partidos en una comunidad autónoma y una ideología política más amplia. Un documento aprobado por el PSOE de Pontevedra subraya que es competencia del Estado regular no solo su propia tributación, sino también el marco general del sistema fiscal y las competencias financieras de las comunidades autónomas frente a las del Estado central.

Además, han solicitado la eliminación de la mención a la "compatibilización" de los enfoques multilateral y bilateral, cuestionando el significado de este último concepto.