TOLEDO, 27 Sep.

Un grupo de sindicatos compuesto por CSIF, CCOO, STAS y UGT ha exigido al Gobierno regional la eliminación del orden del día de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario que se celebró el viernes. En este orden del día, el Ejecutivo contemplaba la creación de tres nuevos puestos "de confianza" y otros cuatro de libre designación, lo que supondría un gasto de 400.000 euros.

Los representantes de estos sindicatos, en declaraciones a los medios antes de la reunión, destacaron especialmente la creación del puesto de director de la Oficina de Bruselas, el cual fue anulado en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha debido a la falta de negociación con la parte social.

Según los sindicatos, el Gobierno de Emiliano García-Page está llevando a cabo una politización y desprofesionalización de la administración pública, creando una "estructura piramidal invertida" que prioriza la atención a altos cargos en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía y del personal funcionario.

María Ángeles Lobo, representante de CSIF, lamentó que la administración pública esté escasa de personal y recursos en la base, mientras que se invierte en crear puestos de alta jerarquía con compensaciones vergonzosas.

Por otro lado, José Luis Martínez, coordinador del sector autonómico de Comisiones Obreras, criticó que la primera reunión después del verano se centrara en la creación de puestos de confianza y libre designación en vez de atender las numerosas necesidades de los servicios educativos y sociales.

Gustavo Fabra, representante de STAS, expresó su desacuerdo con la atención prioritaria a los altos cargos en la Oficina de Bruselas, en detrimento de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Se cuestionó la creciente politización de la administración regional y la falta de transparencia en la creación de puestos discrecionales.

Feliciano Sánchez, representante de UGT, denunció que se estén destinando recursos a la creación de puestos eventuales en lugar de cubrir las necesidades reales de la administración pública. Exigió al Gobierno regional que reconsidere sus políticas de empleo público y busque el consenso con los sindicatos.

En medio de esta controversia, se abordó la creación de la Agencia de Transformación Digital y la Oficina del Dato, recientemente aprobadas en el Consejo de Gobierno. Los sindicatos expresaron su escepticismo y pidieron que estos entes se integren de manera transparente en la estructura administrativa existente.