CIUDAD REAL, 6 de junio.

El próximo miércoles, 11 de junio, la Audiencia Provincial de Ciudad Real llevará a juicio a O.E.A., un individuo acusado de llevar a cabo una agresión sexual y de maltratar a su pareja, que en ese momento era una menor de 16 años.

El acusado, que se enfrenta a más de 17 años de prisión, está siendo procesado por delitos que incluyen agresión sexual, malos tratos y amenazas contra su ex pareja.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, O.E.A., de nacionalidad marroquí y residente legal en España, mantuvo una relación romántica con la víctima hasta septiembre de 2023.

Durante su relación, el hombre supuestamente ejerció una violencia física y psicológica constante sobre la joven, incluyendo insultos, degradaciones, golpizas y amenazas de muerte.

El acto de agresión sexual se habría producido en el domicilio de la víctima en una fecha no especificada de septiembre de 2023. En el momento en que la menor se negó a mantener relaciones sexuales, el acusado la inmovilizó, le quitó la ropa y la penetró vaginalmente, a pesar de sus esfuerzos por liberarse.

Además, la Fiscalía ha indicado que O.E.A. envió a la joven audios llenos de amenazas tras la ruptura, advirtiendo frases como "me da igual, 15 años dentro me da igual" o "te juro que lo mato", lo que generó un profundo miedo en la víctima.

El Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen muchos delitos: malos tratos habituales, tres delitos de violencia de género, un delito de agresión sexual y amenazas agravadas por parentesco.

Como resultado de estos hechos, la Fiscalía ha solicitado una condena total de 17 años de prisión para el imputado, sumado a medidas de alejamiento, libertad vigilada tras la prisión y una indemnización de 10.000 euros a la víctima como compensación por los daños emocionales sufridos.

Dada la seriedad de los delitos cometidos, la Fiscalía también ha propuesto que un tercio de la pena se cumpla en un centro penitenciario español, mientras que el resto sería sustituido por la expulsión del país del acusado, con una prohibición de reingresar durante un período de 10 años desde su salida.