TOLEDO, 25 Abr. — La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio de F.G.J., un individuo acusado de cometer un acto de agresión sexual contra una menor de 16 años. Las autoridades judiciales han determinado que la acusación del Ministerio Público conlleva una solicitud de diez años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El Ministerio Fiscal, en su exposición de los hechos, ha detallado que el incidente tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio de 2022. En ese momento, la víctima, que entonces tenía solo 14 años, fue acompañada por su padre a un local cercano al lago de Argés donde estaba previsto realizar un botellón. Sin embargo, la reunión fue disuelta por la Guardia Civil.

Posteriormente, la menor y sus amigos decidieron trasladarse a Seseña Viejo, donde se habían enterado a través de Instagram de una fiesta alternativa. Allí, comenzaron a consumir bebidas alcohólicas, momento en que F.G.J. se acercó al grupo por primera vez para solicitarles un trago. Luego se unieron a otro conjunto de personas que les ofrecieron una cerveza, y finalmente llegaron a una vivienda hacia las 6.00 horas de la mañana.

En ese hogar, la menor se encontró en un sofá junto a una amiga. Cuando esta última se ausentó para ir al baño, el acusado aprovechó para invitar a la joven a subir a una de las habitaciones en el segundo piso. En ese lugar, el imputado, con intenciones sexuales, cometió la agresión, usando su cuerpo de manera inapropiada y tomando fotografías en una situación comprometida. A las 12.30 horas, el padre de otra amiga fue a buscar a las jóvenes.

El Ministerio Fiscal no solo está solicitando una fuerte pena de cárcel para el acusado, sino que también demanda que se le imponga una orden de alejamiento de la víctima a una distancia mínima de quinientos metros durante al menos ocho años, así como restricciones en su libertad, incluyendo ocho años de supervisión y participación en programas de educación sexual.

Además, se propone que el acusado reciba una inhabilitación especial que impida su desempeño en cualquier trabajo o actividad que implique contacto habitual con menores, la cual se extendería por un período de quince años.

Por último, según las disposiciones de responsabilidad civil, el acusado estaría obligado a indemnizar a la menor afectada con una suma de 10.000 euros por daños morales, una medida que busca reparar, en parte, el daño causado.