TOLEDO, 26 de mayo. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM Intersindical) ha expresado su satisfacción ante la reciente decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. Este fallo ha anulado la creación de 98 posiciones de libre designación que fueron establecidas por la Junta de Comunidades en 2019 para diversas consejerías, incluyendo Presidencia y la Agencia del Agua.

Gustavo Fabra, portavoz del STAS, acompañado por el abogado del sindicato, José Emilio Rubio, hizo esta declaración durante una rueda de prensa. Destacó que este veredicto, aunque no es definitivo, pone en tela de juicio el tipo de administración que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está implementando.

Fabra subrayó que la administración actual se parece a una estructura "en forma de pirámide invertida", donde están aumentando los puestos designados a dedo, obviando los principios de mérito y capacidad consagrados en la Constitución española.

La sentencia, emitida el 19 de mayo, responde a una serie de diez demandas interpuestas por STAS-Intersindical. Estas estaban relacionadas con cambios en las relaciones de puestos de trabajo que se llevaron a cabo en 2019, año en que Emiliano García-Page obtuvo la mayoría absoluta. Mediante un Decreto de Estructura, el presidente reorganizó la administración, creando 117 nuevos puestos de libre designación, que, según el sindicato, han llevado a incrementos salariales encubiertos.

El abogado del STAS explicó que las modificaciones en la relación de puestos de trabajo suprimieron las plazas de los secretarios provinciales de todas las consejerías, pero, a su vez, habilitaron nuevas posiciones que, sin aumentar las responsabilidades, conllevaban un aumento en el complemento específico y en el nivel salarial.

Asimismo, el fallo del juez condena a la Junta de Comunidades por no seguir los procedimientos legales adecuados en la negociación colectiva. Aunque la sentencia no se adentra en la validez de los puestos, anula las resoluciones que modificaron las relaciones laborales en las consejerías y la Agencia del Agua, ya que la creación de esos puestos de libre designación y los aumentos salariales asociados vulneraban los derechos de los funcionarios.

Como ejemplo, Rubio detalló que uno de los puestos en cuestión corresponde a la creación de dos jefes de área en la Consejería de Fomento, que percibirían un complemento específico de 29.748 euros, junto con el sueldo base y antigüedad. Las cifras podrían alcanzar el nivel retributivo de alrededor de 50.000 euros. También mencionó varios puestos relacionados con la gestión de redes sociales en la Junta, con un salario de 45.000 euros.

Sobre el futuro de quienes ocupan actualmente esos puestos, se indicó que permanecerán en ellos hasta que la sentencia sea definitiva. En el peor de los escenarios, regresarían a su nivel anterior, aunque se aseguró que "nadie perderá su empleo".

Fabra hizo un llamado a las personas afectadas por la sentencia para que presenten reclamaciones a la Dirección General de la Función Pública, y demandó la dimisión del director general de Función Pública, José Narváez, y del consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para que sean reemplazados por quienes realmente crean en una administración imparcial y respetuosa de los derechos ciudadanos.

Para ilustrar el tipo de administración que se está desarrollando en Castilla-La Mancha, se comparó la cantidad de altos cargos y puestos de libre designación entre 2015 y 2025. En 2015 había 87 altos cargos; en 2025, la cifra asciende a 148, lo que representa un aumento del 70%. En cuanto al personal eventual, el incremento es aún más asombroso, pasando de 53 a 133 trabajadores, un 151% más. También el número de puestos de libre designación ha crecido de 778 a 1.024, lo que supone un incremento de 246 posiciones.

En total, sumando estas categorías, el incremento total de puestos del Gobierno de García-Page representa un aumento del 42%, pasando de 918 a 1.305. Fabra argumentó que este gasto en altos cargos y personal eventual desvía recursos que podrían destinarse a puestos de base necesarios en la Administración.

El abogado del STAS concluyó que la administración que se está formando es “cabezuda”, con demasiados jefes y escasos funcionarios disponibles para atender las necesidades de servicios, como las delegaciones provinciales, las oficinas de empleo o las residencias de mayores.