UPA denuncia el impacto de los altos precios del carburante en el campo en Castilla-La Mancha
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha convocado una protesta frente a Repsol en Puertollano, con la participación de unas 500 personas de Castilla-La Mancha y regiones vecinas. La movilización denuncia el incremento desmesurado de los precios de los carburantes, que afectan gravemente al sector agrícola, especialmente en momentos clave como la siembra.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el gasóleo B ha aumentado en más del 80%, alcanzando récords históricos. El coste del abono también se ha disparado, poniendo en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. La organización exige a las comunidades autónomas que complementen las ayudas estatales, que consideran insuficientes, con medidas específicas para sectores vulnerables, como los apicultores trashumantes y los jóvenes agricultores excluidos de ayudas recientes.
Este escenario refleja un impacto económico profundo en el sector agrícola, que no puede trasladar estos costes a los precios de venta. La situación genera preocupación por el futuro de la producción local, en un contexto donde la economía rural es esencial para la región. La protesta también pone en evidencia la percepción de desigualdad en la gestión de los impuestos y ayudas, que consideran favorecen a las petroleras y a las comunidades autónomas en detrimento del campo.
El trasfondo político actual, marcado por la inestabilidad y los cambios en la regulación del mercado energético, agrava la crisis. La organización reclama una intervención urgente del Gobierno central y la CNMC, además de medidas fiscales como reducir el IVA del gasóleo agrícola. La movilización se produce en un momento en el que las políticas agrarias y energéticas están en el centro del debate político nacional, ante la proximidad de las elecciones generales.
La situación pone en evidencia las tensiones entre la política energética, la fiscalidad y el desarrollo rural. La postura de UPA refleja la necesidad de un enfoque más justo que proteja a los sectores productivos, en un contexto de crisis global y conflictos internacionales que mantienen en tensión los precios de los recursos. La perspectiva futura apunta a una posible reactivación de movilizaciones si no se adoptan medidas concretas y sostenibles a nivel estatal y autonómico.