Urda: la AITAT abre el expediente 146/2026 y eleva a 74 los fallecidos del choque ferroviario
La AITAT abre el expediente 146/2026 por el choque ferroviario de Urda (Toledo), que eleva a 74 los fallecidos. La Junta aún no confirma la cifra.
La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha abierto el expediente 146/2026 por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y eleva a 74 la cifra de fallecidos. El suceso se produjo el 28 de octubre, a las 08.53 horas, cuando el tren 2080 de Renfe Viajeros AV colisionó por alcance con el tren 6076 de Iryo en el punto kilométrico 118, entre Mora y Urda.
La cifra de la AITAT no ha sido confirmada todavía por el Gobierno de Castilla-La Mancha ni por el Ejecutivo central. Hasta ahora, era la administración autonómica la que venía actualizando el balance de víctimas mortales y heridos. Esta discrepancia de fuentes es relevante, porque pone de manifiesto que la contabilidad oficial del suceso aún no está cerrada y que la identificación de las víctimas sigue en curso.
Según el presidente regional, Emiliano García-Page, las labores de este jueves se centraban en la retirada del vagón volcado con grúas. Señaló que no cree que haya más fallecidos bajo ese vagón, aunque pidió prudencia con esa valoración. Durante la noche, los equipos de bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) localizaron nuevos restos humanos parciales, que deben ser identificados uno a uno.
El operativo de emergencia ha sido de gran magnitud. El Gobierno regional cifra en 1.300 los efectivos movilizados, a los que se suman 150 medios terrestres, entre ambulancias, UVI móviles y unidades de soporte vital básico, y siete helicópteros. Durante los traslados aéreos se practicaron ocho transfusiones de sangre. El Ejecutivo autonómico también destaca un récord de donaciones, con más de 2.000 registradas en el área sanitaria de la región, y pide que se mantenga el ritmo porque las plaquetas tienen una caducidad muy corta.
Desde el punto de vista institucional, el caso plantea una cuestión de fondo: la coexistencia de dos canales de información, el de la autoridad investigadora independiente y el de las administraciones, en un momento en que las familias necesitan certezas. La identificación de los fallecidos corresponde a la autoridad judicial, lo que condiciona los plazos y el ritmo con que se harán públicas las cifras definitivas.
El accidente, calificado por el propio presidente regional de catástrofe que ha generado un estado de shock en toda España, abrirá previsiblemente un debate sobre la seguridad de la red ferroviaria de alta velocidad y sobre la coordinación entre operadores. La investigación técnica que ahora arranca será determinante para establecer las causas y las responsabilidades, y es la que marcará el alcance de las futuras decisiones políticas y regulatorias en el sector.