TOLEDO, 7 de marzo.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, se ha mostrado optimista respecto al nuevo acuerdo de inmigración alcanzado entre el PSOE y Junts, asegurando que este no generará, en su opinión, “ni discriminaciones ni privilegios” para las comunidades afectadas.

Durante su participación en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, celebrado en Toledo, Álvarez comparó este acuerdo con otros traspasos de competencias que ya se han llevado a cabo en la Generalitat, argumentando que la estructura del sistema no cambia de manera significativa.

El líder sindical enfatizó que todos los funcionarios de la Generalitat cumplen las leyes del Estado y no considera que la intervención de cuerpos de seguridad como la Policía Nacional o los Mossos d'Esquadra resulte en un trato desigual hacia la ciudadanía. “No se generará ningún tipo de discriminación ni privilegio”, recalcó.

Desde su perspectiva, las leyes aplicables permanecerán inalteradas. “Pueden surgir diferencias de opinión sobre el poder de las comunidades autónomas, pero no se debe poner en riesgo a la población”, manifestó, refiriéndose a la importancia de mantener la cohesión social en el país.

Álvarez también se mostró escéptico ante la comparación entre Junts y Vox, argumentando que las dinámicas políticas en Cataluña son muy distintas. “En Cataluña tenemos nuestra propia versión de Vox, que se manifiesta en Alliança Catalana”, sostuvo, añadiendo que las estrategias de Junts se asemejan más a las del Partido Popular en el ámbito nacional.

El secretario general de UGT lamentó que el debate migratorio actual no se centre en derechos humanos y en valorar las contribuciones de los inmigrantes, sino en la forma en que se reparten entre diferentes regiones. “Esto podría gestionarse de manera eficiente, beneficiando a todos”, comentó.

Consultado sobre si la nueva ley tiene tintes racistas, Álvarez se mostró firme en que ninguna normativa permitirá políticas de este tipo en Cataluña ni en el resto de España, insistiendo en que no se justifica una percepción racista hacia los inmigrantes.

Álvarez subrayó que la controversia alrededor de este acuerdo podría intensificar tensiones innecesarias, restando oportunidades cruciales para el avance de los derechos de los trabajadores, algo que la administración actual ha estado promoviendo.

Finalmente, sugirió que fomentar el conflicto podría desestabilizar la legislatura en curso y que sería más constructivo centrarse en los beneficios del acuerdo en lugar de las disputas políticas.

Las declaraciones de Álvarez generaron reacciones por parte de Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, quien argumentó que cualquier implicación racista proviene del pacto en sí, ya que podría contradecir la Constitución al abordar competencias migratorias.

Hernando expresó su preocupación por el trasfondo del acuerdo, señalando similitudes con políticas históricas que discriminaban a determinados grupos culturales y étnicos. “Esto recuerda a las leyes de 1935 en Alemania o las políticas de Australia que restringían la inmigración a personas no blancas”, argumentó.

El consejero también realizó una crítica al incluir en el acuerdo elementos de defensa identitaria, comparándolos con las políticas excluyentes que han surgido en diferentes países en la actualidad. Esto resuena con situaciones en Estados Unidos, Dinamarca y Polonia, donde se han implementado restricciones similares.

Por su parte, Álvarez respondió a Hernando advirtiendo que con actitudes como las de este último, el PSOE no necesita buscar problemas externos, sugiriendo que hay desafíos internos que deben ser atendidos con seriedad.