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Política 1 de Septiembre de 2026 · 14:21h 2 min de lectura

Asaja denuncia criminalización del agricultor y advierte sobre restricciones en la cosecha en Castilla-La Mancha

La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha expresado su rechazo a la percepción negativa que, según ellos, se ha generado en torno a los agricultores tras los recientes incendios forestales. El presidente de la organización, José María Fresneda, ha señalado que las cosechas de cereal en la región se realizan en julio, momento en que consideran que las restricciones por riesgo de incendios no deben afectar la actividad agrícola.

Este posicionamiento se produce en un contexto donde el Gobierno regional plantea, en su proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2027, la posible incorporación de restricciones legales a actividades como la siega y la cosecha en situaciones de riesgo extremo de incendios. La propuesta ha generado preocupación entre los agricultores, que ven en estas medidas una amenaza a su trabajo y a la economía rural.

El conflicto refleja las tensiones existentes entre la protección del medio ambiente y la continuidad de las actividades agrícolas en una región vulnerable a incendios forestales. La comunidad política se encuentra en un momento de debate sobre cómo equilibrar estas prioridades, en medio de una política forestal y agrícola que busca modernización y sostenibilidad.

Desde la perspectiva política, las declaraciones de Asaja evidencian la resistencia del sector agrícola ante cambios normativos que consideran restrictivos. La movilización convocada para el 6 de octubre en Toledo busca visibilizar estas inquietudes y presionar para mantener la libertad de cosechar en los tiempos tradicionales, en línea con los intereses económicos y laborales de los agricultores.

Este debate se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre las políticas de protección del medio ambiente y el mantenimiento de la actividad rural, que en Castilla-La Mancha tiene un peso económico y social significativo. La evolución de las propuestas normativas y las respuestas del sector agrícola serán determinantes en los próximos meses para el desarrollo de políticas rurales en la comunidad.

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