La Junta aclara que las restricciones agrícolas en Castilla-La Mancha no son leyes y refuerza medidas preventivas frente a incendios
La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha reiterado que las restricciones para la cosecha en la región no están respaldadas por una ley, sino por instrucciones ya establecidas. La región, especialmente en provincias como Guadalajara y Cuenca, ha registrado cosechas de cereales en julio y agosto, en momentos de alto riesgo de incendios. La Administración regional ha promovido declaraciones responsables que permiten la continuidad de las labores agrícolas en condiciones controladas.
El debate surge tras las denuncias de Asaja, que alertó sobre posibles prohibiciones legislativas en el contexto del Índice de Propagación Potencial (IPP). La Consejera Gómez ha aclarado que no hay nuevas medidas ni leyes adicionales, sino una aplicación de normativas existentes, con el objetivo de proteger tanto a los agricultores como al patrimonio natural. La región mantiene el compromiso de equilibrar la actividad agrícola con la prevención de incendios forestales.
Este enfoque forma parte de una estrategia más amplia de gestión del riesgo, que incluye campañas de apoyo como la iniciativa 'ovejas bomberas', destinada a reducir la vegetación combustibles mediante pastoreo controlado, con una dotación presupuestaria prevista de 360.000 euros. La región continúa sumando esfuerzos en la coordinación interinstitucional, especialmente en el contexto de la temporada de incendios, que aunque con temperaturas más bajas, sigue siendo de alta peligrosidad.
Durante una reunión con la Unidad Militar de Emergencias (UME), las autoridades regionales destacaron la importancia de la colaboración en la gestión de emergencias. La experiencia adquirida en incendios recientes, como el de La Mierla, y en operaciones conjuntas con otras comunidades, refuerzan la capacidad de Castilla-La Mancha para responder a incidentes de gran magnitud. La región ha movilizado recursos humanos y materiales en incendios en Toledo, Ávila y otras provincias, en un esfuerzo conjunto con diferentes administraciones y apoyos internacionales.
El balance de la campaña indica que, desde enero, se han registrado 1.133 siniestros en espacios naturales, de los cuales el 84% fueron conatos de menos de una hectárea. La superficie afectada total alcanza aproximadamente 46.017 hectáreas, distribuidas entre vegetación forestal y no forestal. La tendencia señala la necesidad de seguir fortaleciendo las estrategias preventivas y de respuesta para reducir el impacto de futuros incendios.
Mirando hacia el futuro, la región apuesta por consolidar su capacidad de gestión de emergencias y reforzar la coordinación entre administraciones. La experiencia adquirida y las lecciones aprendidas en estas campañas son clave para afrontar una temporada de incendios cada vez más compleja y desafiante, en un contexto de cambio climático y mayores riesgos ambientales.