Aumentan un 33,5% las denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha en 2026

En los primeros tres meses de 2026, Castilla-La Mancha ha registrado 2.188 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 33,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Las víctimas identificadas alcanzaron las 1.846, reflejando un aumento del 23,1%. Estos datos, publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, muestran una tendencia al alza en la denuncia, aunque también una reducción en las órdenes de protección, que disminuyeron un 8,8% hasta las 435.

Este aumento en las denuncias se produce en un contexto donde las cifras nacionales también reflejan un incremento en las víctimas y en las denuncias, pero con una reducción en las medidas de protección. La tendencia puede estar relacionada con una mayor sensibilización social y un incremento en la percepción de vulnerabilidad, pero también evidencia la persistencia de un problema estructural en la región y en el país.

Desde una perspectiva sociopolítica, estos datos coinciden con un escenario de mayor atención pública y política en torno a la violencia machista, con debates sobre la eficacia de las políticas existentes y la necesidad de reforzar recursos en la prevención y protección. La administración regional ha anunciado medidas para mejorar la coordinación y la formación en la atención a víctimas, en un momento de creciente presión social.

El aumento en las denuncias y las víctimas también refleja un posible cambio en la cultura de denuncia, aunque las cifras de condenas y órdenes de protección siguen mostrando disminuciones, lo que puede indicar dificultades en la efectividad de las medidas judiciales. La comunidad política enfrenta el reto de transformar estas cifras en acciones concretas que reduzcan la violencia y protejan a las víctimas de manera efectiva.

En un contexto de evolución de la legislación y la sensibilización social, estos datos revelan la necesidad de seguir reforzando las políticas públicas y los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género. La tendencia al alza en denuncias y víctimas exige una respuesta coordinada que garantice mayor protección y prevención, en línea con las demandas sociales y los compromisos internacionales.