TOLEDO, 20 de julio. El Gobierno de Castilla-La Mancha se prepara para enviar una solicitud urgente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para discutir la drástica reducción de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) propuesta por la Comisión Europea, que afectaría el período de 2028 a 2034.

Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha manifestado que esta comunidad autónoma, altamente dependiente de las ayudas de la PAC, no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un ataque sin precedentes a los intereses de sus agricultores y ganaderos. "Lucharemos contra cualquier retroceso que esta reducción podría ocasionar", afirmó en una declaración oficial difundida por la Junta.

La administración regional califica la nueva propuesta de la PAC, presentada por Ursula von der Leyen, como una amenaza grave para Castilla-La Mancha. “Estamos decididos a rechazar cualquier indicio que perjudique nuestros intereses agrícolas y ganaderos. Este primer paso, hablar con el Ministerio, es fundamental para salvaguardar lo que es justo y necesario”, subrayó el consejero.

Martínez Lizán también expresó su preocupación por el impacto que tendría el recorte en las ayudas directas, mientras que la cohesión, unidad y soberanía alimentaria de Europa quedarían comprometidas, afectando la producción de alimentos y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas en la región.

El consejero se refirió concretamente a la desaparición del Pilar 2 de la PAC, lo cual podría amenazar la existencia de muchas pequeñas localidades. “Una región como la nuestra, donde el 80% del territorio es rural, no puede permitirse ese tipo de recortes”, remarcó con firmeza.

Además, destacó la importancia de programas como Leader y Focal, que son esenciales para el desarrollo de la industria agroalimentaria, así como para la inversión en regadíos y producciones ecológicas. “Es una injusticia que no podemos aceptar, y lucharemos para revertir esta situación, ya que los fondos europeos son vitales para mantener vivos nuestros pueblos y fomentar el desarrollo socioeconómico”, añadió el consejero.

Martínez Lizán también aseveró que, si bien es necesario abordar el déficit presupuestario, no se puede cargar dicha responsabilidad sobre los agricultores, quienes no han causado la crisis actual. "Nuestros campesinos no deben ser los que paguen por una situación que escapa a su control”, enfatizó.

Finalmente, el consejero expresó su esperanza de llegar a un acuerdo con el Ministerio, indicando que se siente alineado con ellos en la defensa de los intereses agrícolas en Europa. “Confiamos en que las negociaciones futuras nos lleven a un acuerdo justo que proteja la integridad del sector”, concluyó.