TOLEDO, 14 de marzo. En una reciente declaración, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su firme oposición a la posible venta de agua del río Tajo. Esta transacción se llevaría a cabo por parte de la comunidad de regantes del Canal de Las Aves, que planea suministrar agua a una empresa que brinda servicio a regantes en la provincia de Almería.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, abordó el tema durante una rueda de prensa, tras recibir una advertencia de la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas. Este grupo denunció la aprobación de la venta de agua del Tajo por parte de la comunidad de regantes, lo que ha generado preocupación en varios municipios de la provincia de Toledo.

Gómez no se contuvo al señalar que la venta de un recurso tan vital como el agua representa un riesgo para el bien público. A su juicio, tal decisión es completamente inadmisible, especialmente cuando hay necesidades insatisfechas en la cuenca del Tajo que deberían ser atendidas.

La consejera destacó los esfuerzos realizados por el Gobierno regional al reunirse con diversos sectores productivos en Guadalajara con el fin de presionar al Gobierno central para que conecte los embalses de Alcorlo y Beleña. Según sus declaraciones, Alcorlo está en su máxima capacidad, mientras que Beleña no está recibiendo la cantidad necesaria de agua.

En este contexto, Gómez sugirió que resulta contradictorio que se considere el envío de agua a regiones tan distantes, lo cual requeriría el uso del trasvase, ya que no existen otras vías para hacerlo desde la cuenca del Tajo hacia Almería.

El Gobierno regional ya ha solicitado formalmente al Ejecutivo de España que no autorice esta decisión, enfatizando que la Junta carece de poder para bloquear la derivación, pero que el Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica, sí puede hacerlo.

Gómez expresó su deseo de que prevalezca la sensatez y que la venta del agua nunca sea contemplada. Subrayó la importancia de su opinión en este asunto, afirmando que en caso de que se lleve a cabo la concesión, el Gobierno regional se reservaba el derecho de impugnarla.