Crónica Castilla-La Mancha.

Crónica Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha considera que el cupo catalán no se llevará a cabo por ser anticonstitucional y bromea con posibles consecuencias.

Castilla-La Mancha considera que el cupo catalán no se llevará a cabo por ser anticonstitucional y bromea con posibles consecuencias.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado duramente el preacuerdo entre el PSC y ERC para ceder a Cataluña la gestión del cien por cien de sus ingresos, considerándolo anticonstitucional.

En una conferencia de prensa para anunciar el techo de gasto previsto por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para 2025, Ruiz Molina no ha dudado en señalar que si este acuerdo llegara a realizarse, los Consejos de Política Fiscal y Financiera deberían ser liderados por la nueva consejera de Economía del Gobierno de Salvador Illa, porque será Cataluña la que tendrá el control sobre los fondos disponibles para el resto de las comunidades autónomas.

El funcionario ha resaltado la importancia de reformar el sistema de financiación autonómica en un proceso que incluya a todas las regiones sin privilegios, como considera que ha ocurrido con el "concierto" acordado en Cataluña.

Castilla-La Mancha continuará demandando un fondo transitorio para las comunidades autónomas infrafinanciadas, como Valencia, Andalucía, Murcia y la propia región, estimando que esto requeriría al menos 3.000 millones de euros para todas estas autonomías.

Ruiz Molina ha expresado su rechazo a que Cataluña tenga el poder de decidir los recursos que recibirán el resto de las comunidades autónomas, destacando que dicho preacuerdo provocaría desequilibrios y vulneraría el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

"Los CPFF tendrán que ser convocados por la consejera de Cataluña porque será Cataluña la que decida el dinero del que va a disponer el resto de comunidades autónomas, aunque soy de la opinión de que este acuerdo no se va a llevar a cabo porque es un ataque al principio de igualdad que establece la Constitución, por activa y por pasiva", ha subrayado Ruiz Molina.