Castilla-La Mancha eleva a 78 millones las ayudas a la discapacidad y adelanta su resolución
Castilla-La Mancha aprueba 78 millones en ayudas a la discapacidad, siete más que este año, con pagos concentrados en 2026 para 142 entidades sociales.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una convocatoria de subvenciones dotada con más de 78 millones de euros destinada a entidades sociales y corporaciones locales que atienden a personas con discapacidad. La cifra supone un incremento de siete millones respecto a la convocatoria vigente, y el Ejecutivo regional prevé que la resolución se produzca antes de que acabe el año.
El anuncio lo realizó la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en rueda de prensa. Según explicó, el aumento tiene como objetivo ampliar la cobertura de recursos, reforzar las posibilidades de las personas con discapacidad y sus familias y mejorar las condiciones laborales de los profesionales que prestan estos servicios.
Qué hay detrás de este cambio en la financiación. La principal novedad afecta al sistema de anticipos. Hasta ahora, el adelanto del 100% de las ayudas se organizaba en dos años; la nueva fórmula lo concentra en un único ejercicio presupuestario. Para las ayudas de ámbito regional, el pago se fracciona en doce mensualidades iguales; para las de ámbito provincial, en dos pagos.
Las claves de una convocatoria que alcanza a 142 entidades. La convocatoria financia 300 programas desarrollados por 142 entidades sociales, que atienden a más de 12.200 familias en la comunidad autónoma. Se trata de un tejido de organizaciones del tercer sector que, en buena parte, sostiene servicios que la administración no presta de forma directa, por lo que su estabilidad financiera condiciona la continuidad de la atención.
Por qué importa la estabilidad presupuestaria. La reorganización de los pagos responde a una demanda recurrente del sector: la incertidumbre sobre cuándo llegan los fondos dificulta la planificación de contrataciones, programas y tesorería. Concentrar el desembolso en un solo año y en mensualidades previsibles reduce ese riesgo, aunque su efecto real dependerá de que la resolución se cumpla en los plazos anunciados.
Qué significa para el futuro del sector. El refuerzo económico se inscribe en una discusión más amplia sobre el papel de las entidades sociales en la protección de las personas con discapacidad y sobre la calidad del empleo en un ámbito con alta exigencia asistencial. La medida abre la pregunta de si el incremento presupuestario será sostenido en los próximos ejercicios y si bastará para atender la demanda creciente de familias, un aspecto que las próximas convocatorias permitirán valorar.