Piden 7 años de cárcel por agresión sexual a mujer con discapacidad en Albacete
Piden 7 años de prisión en Albacete por agresión sexual a una mujer con discapacidad en una residencia, en un caso que evidencia vulnerabilidades en estos entornos.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de siete años de prisión para un hombre con retraso mental ligero, acusado de agredir sexualmente a una compañera en una residencia de Albacete. La víctima, de 23 años, presenta un retraso mental moderado, con una discapacidad del 88%, que limita su autonomía y requiere supervisión constante.
El incidente ocurrió en la madrugada del 5 de junio de 2022, cuando el acusado entró en su dormitorio y, aprovechando que ella dormía, le realizó una agresión sexual. La investigación detalla que, pese a su discapacidad, el agresor tenía plena conciencia de sus acciones. La residencia, gestionada por la Fundación Futucam, acoge a personas con diferentes grados de discapacidad intelectual y está bajo tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las personas con discapacidad en entornos residenciales. La fiscalía también solicita una prohibición de acercamiento y comunicación durante quince años, además de una inhabilitación para trabajos con menores durante doce años. La vista judicial está prevista para el 14 de octubre en la Audiencia Provincial de Albacete.
Desde el ámbito político, este tipo de casos reavivan el debate sobre la protección y supervisión de las personas vulnerables en centros especializados. La legislación vigente establece medidas para prevenir abusos, pero la realidad muestra que aún hay desafíos en su implementación y control efectivo.
El futuro de estas acciones judiciales y de las políticas de protección social determinará si las instituciones refuerzan los mecanismos de vigilancia y prevención en residencias y centros de atención. La comunidad jurídica y social continúa insistiendo en la necesidad de fortalecer los protocolos y recursos para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad.