TOLEDO, 21 de marzo. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido, en una sesión extraordinaria, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con el controvertido reparto del impuesto a la banca. Este anuncio fue hecho por el presidente regional, Emiliano García-Page, a principios de esta semana.

Según el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, se trata de un recurso de inconstitucionalidad que se formula en pro de los ciudadanos de la región, enfatizando que no se dirige en contra de ninguna entidad en particular, sino que busca proteger los derechos de los castellano-manchegos.

En una reciente conferencia de prensa, Ruiz Molina detalló que tanto el Gabinete Jurídico de la Junta como el Consejo Consultivo han evaluado la situación y concluyeron que el método de distribución del impuesto podría ser susceptible de impugnación a nivel constitucional.

El consejero aclaró que la decisión del Consejo de Gobierno se centra en cuestionar los criterios de asignación de los ingresos generados por este impuesto entre las distintas comunidades autónomas, y no el impuesto en sí.

La fundamentación del recurso incorpora tres argumentos clave, aunque existen otros aspectos también relevantes según los informes anteriores. El primer argumento sostiene que la distribución se aprobó sin consultar adecuadamente a las comunidades autónomas, las cuales debieron ser escuchadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El segundo argumento plantea que este proceso debería haberse tramitado como una ley orgánica en lugar de una ley ordinaria. Por último, se subraya que existe una clara violación del principio de solidaridad en la forma en que se ejecuta el reparto, según ha declarado Ruiz Molina.

El consejero reiteró que este recurso no tiene como objetivo atacar a ninguna entidad, sino defender los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, enfatizando que su única motivación es salvaguardar el bienestar regional.

Por otro lado, al ser cuestionado por los periodistas, Ruiz Molina advirtió que el modelo de reparto estipulado en la ley podría acarrear un perjuicio económico de hasta 15 millones de euros para la región. Según su análisis, utilizar el criterio del PIB podría significar una pérdida de 60 millones, mientras que aplicar un criterio más ajustado, como el de la población, podría permitir a Castilla-La Mancha obtener alrededor de 75 millones de euros.