Los sindicatos han salido a la calle para demandar una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores que se ocupan del acogimiento residencial de menores en un contexto marcado por la indignación tras el asesinato de una educadora en Badajoz.

El miércoles, 19 de marzo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) tiene programada una reunión con funcionarios de la Consejería de Bienestar Social. El objetivo de este encuentro es discutir las medidas a adoptar en relación con la Orden de Concierto Social que regula la gestión de los centros de acogida, después de que un fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya confirmado que la Junta de Castilla-La Mancha está incumpliendo el convenio colectivo de estos profesionales.

Durante una concentración organizada por CCOO y UGT en Toledo, Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, confirmó que la reunión se llevará a cabo con Inmaculada Tello, directora general de Infancia y Familia.

Las demandas de CCOO son contundentes: la administración regional debe cumplir con las estipulaciones del convenio en cuanto a "condiciones económicas y laborales" de los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección de menores en la comunidad.

Delgado subrayó la importancia de conocer la respuesta de la Consejería tras el fallo del tribunal, ya que las "ratios y retribuciones" forman parte del convenio colectivo que rige estos centros. El Tribunal ha respaldado la postura del sindicato, al señalar que la legislación y directrices europeas están siendo ignoradas.

CCOO ha exigido que se aplique el convenio sectorial a los contratos públicos, lo que conllevaría un incremento salarial del 35% para los trabajadores de protección y del 20% para aquellos en centros de medidas judiciales de régimen abierto.

Asimismo, la representación sindical ha insistido en aspectos vitales como la ratio de personal, advirtiendo que no es seguro permitir que un único auxiliar gestione un centro, una práctica que ha predominado en los últimos años con el objetivo de reducir costos.

Según Delgado, hay que erradicar la precariedad en un sector que debe ser ejemplar, donde se exige a los trabajadores una cualificación específica y titulación universitaria, pero se les deja trabajar en condiciones riesgosas y aislados.

En Castilla-La Mancha, se contabilizan alrededor de 550 profesionales distribuidos en 60 centros, de los cuales aproximadamente 150 se encuentran en Toledo, en 12 instalaciones diferentes. CCOO ostenta el 60% de la representación en este ámbito, como ha confirmado Ana Delgado.

La representante de CCOO también hizo hincapié en que la regulación del decreto de conciertos de menores debería obligar a las empresas a cumplir con el convenio colectivo, instando a la Junta a implementar sanciones para aquellos incumplidores que participen en licitaciones.

Desde UGT, Estrella Fernández ha manifestado que la situación es altamente sensible y que el sindicato está abierto a considerar cualquier mecanismo que la administración proponga para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y atención.

Fernández ha añadido que la urgencia está en resolver la situación, aunque el método es igualmente crucial. A pesar de la externalización de la gestión, la responsabilidad también recae sobre la Junta, ya que se trata de la infancia y adolescencia y los trabajadores desempeñan un papel que es intrínsecamente parte de la administración pública.