El 15 de julio en Madrid y Toledo, el Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar, en segunda vuelta, un ambicioso proyecto de ley que busca reformar tanto la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. La medida incluye la autorización de un fondo de 783,2 millones de euros que se destinará a los gobiernos autónomos, con el objetivo de financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En una sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno ha decidido, siguiendo la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, asignar más de 40 millones de euros, específicamente 40.189.491, a la comunidad de Castilla-La Mancha para contribuir al sistema de atención a la dependencia.

Con la aprobación de este proyecto, se inicia el necesario proceso parlamentario que llevará el texto al Congreso de los Diputados para su discusión y aprobación. Esta reforma, presentada por el ministro Pablo Bustinduy, ha sido descrita por él mismo como "la más importante de esta legislatura". Bustinduy expresó su anhelo de que el Parlamento la respalde por unanimidad, advirtiendo que cualquier voto en contra supondrá ir en contra de millones de españoles con discapacidad y de las familias que los apoyan.

Entre los cambios más destacados que introduce el nuevo texto, se encuentra el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas que reciban un grado I de dependencia. Además, se establece que aquellos que obtengan un grado II o III de dependencia podrán acceder a un reconocimiento del 65% de discapacidad.

La reforma también establece la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural, exigiendo a las administraciones competentes implementar medidas que faciliten la accesibilidad física y cognitiva, como lecturas simplificadas y el uso de pictogramas.

Desde su presentación, el texto ha eliminado el régimen de incompatibilidades que se instauró en 2012 y deroga el plazo máximo de dos años que limitaba las prestaciones económicas para cuidados en el hogar familiar.

El sisema de ayuda a domicilio ahora se expandirá para incluir actividades que trasciendan el ámbito doméstico, de modo que los cuidadores puedan acompañar a los usuarios a consultas médicas o actividades cotidianas como hacer la compra.

Asimismo, se fortalecerá la prestación económica para quienes cuidan en el entorno familiar, asegurando apoyo para aquellas personas que viven solas o con otros en sus hogares.

La nueva legislación también reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia. Se establece que esta prestación debe ser complementaria a otros servicios y no puede ser la única opción disponible, garantizando así un seguimiento integral. Este servicio podrá ser solicitado incluso por personas que residen en centros de mayores.

El listado de nuevos servicios incluye el cuidado y apoyo en viviendas compartidas, así como el préstamo de elementos de apoyo que abarcan desde sillas de rueda eléctricas hasta asistentes de voz.

La reforma también protege los derechos de los usuarios, dándoles la libertad de decidir sobre las prestaciones y servicios que recibirán, así como el derecho a permanecer en el entorno que prefieran o acceder a atención sin sujeciones físicas o químicas, garantizando atención sanitaria adecuada, independientemente de su lugar de residencia.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Derechos Sociales se compromete a establecer protocolos de coordinación entre los servicios de salud y sociales a nivel autonómico, con el fin de proporcionar una atención integral que evite las desventajas que se evidenciaron durante la crisis del COVID-19 en ciertas residencias.

El ministro Bustinduy subrayó que este cambio de enfoque busca priorizar las necesidades y deseos de los usuarios, en lugar de centrarse exclusivamente en la gestión de espacios residenciales.

Además, el proyecto introduce la posibilidad de que los usuarios en grado II o III accedan a un servicio o prestación provisional acorde a sus necesidades mientras esperan por el recurso solicitado.

Por ejemplo, si alguien solicita una plaza en una residencia cercana pero no hay disponibilidad, podrá optar por una ayuda económica para el hogar durante el tiempo de espera.

La reforma también permite la conciliación entre el empleo y los servicios de atención, asegurando que los usuarios puedan acceder a ambos sin conflictos.

Además, el reconocimiento de los centros de día se reafirma como un servicio fundamental para que las personas permanezcan en sus hogares. Estos centros se ampliarán para ofrecer asistencia también fuera de sus instalaciones.

En el caso del fallecimiento de un usuario en situación de dependencia, se garantizará la continuidad de la prestación económica destinada a los cuidados en el hogar hasta final de mes, en un gesto de respeto hacia quienes brindan cuidado.

Esta ley también destaca la necesidad de que las trabajadoras del sector cuenten con condiciones laborales dignas y estables, en un esfuerzo por garantizar que para el año 2030 se requieran al menos 260.000 trabajadoras más para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Finalmente, la reforma simplificará el proceso de revisión del Programa Individual de Atención, favoreciendo comunicaciones más directas. Se establecerá un protocolo de urgencia para que las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad accedan a los servicios con prontitud, asegurando que el tiempo de espera sea prioritario tras el criterio económico.

En materia de discapacidad, esta iniciativa desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución, estableciendo la accesibilidad universal como un derecho exigible. Además, se planea la creación de un Programa Estatal para Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará las intervenciones necesarias para mejorar la infraestructura pública.

En el ámbito de la propiedad privada, se contempla modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones ofrezcan ayudas económicas destinadas a obras de accesibilidad en edificios de viviendas, aliviando los requisitos para su acceso.

Por último, se asegura que los servicios públicos garanticen el acceso universal a través de procedimientos accesibles establecidos por las Juntas Arbitrales de Consumo.