La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la desarticulación de una red criminal dedicada, supuestamente, a la explotación sexual de mujeres. Esta organización operaba en un prostíbulo clandestino ubicado en Alicante, y se dedicaba también a extorsionar a sus clientes mediante amenazas de violencia física y chantajes monetarios que alcanzaban cifras de hasta 3.000 euros. En total, se ha detenido a nueve individuos en tres provincias: Albacete, Alicante y Valencia.

El operativo culminó con un registro en un domicilio en Albacete, residencia de los líderes de la banda: dos hermanos y su madre. Aunque ellos no estaban involucrados directamente en la explotación, recibían los beneficios económicos derivados de estas actividades ilícitas.

El inicio de la investigación tuvo lugar a mediados de 2024, gracias a diversas denuncias anónimas recibidas por el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional. Las alertas indicaban que en un piso de Alicante, varias mujeres, mayoritariamente de origen latinoamericano, eran forzadas a ofrecer servicios sexuales, además de que el lugar también se utilizaba como punto de distribución de drogas.

Los investigadores descubrieron que la red criminal no solo se dedicaba a la explotación sexual, sino que además extorsionaba a los hombres que respondían a anuncios de servicios sexuales en línea. Utilizando como estrategia amenazar a estos clientes con revelar su consumo de prostitución a sus círculos cercanos, lograban cobrarles sumas que variaban entre 300 y 3.000 euros. Las amenazas incluían agresiones físicas e incluso la posibilidad de causar daño a ellos o a sus seres queridos si se negaban a pagar.

Los detenidos utilizaban líneas telefónicas obtenidas de manera ilegal --ya sea por medio de robos o por documentos perdidos--, dificultando así las investigaciones. Estas líneas eran canceladas inmediatamente después de ser empleadas para actividades delictivas, complicando aún más la labor de las fuerzas del orden.