La reciente operación de la Guardia Civil en Galicia ha culminado con la detención de 19 individuos pertenecientes a una amplia red de narcotráfico. Durante las acciones, que incluyeron un total de 32 registros, las fuerzas del orden han confiscado una cantidad significativa de 150.000 euros en efectivo, además de un arma simulada y varios inhibidores de frecuencia.

Con base en un comunicado emitido por la Guardia Civil, se confirma que esta organización delictiva operaba en múltiples regiones de España, incluyendo las provincias de Pontevedra, Ourense, Guadalajara, Barcelona y Madrid. Junto con estos arrestos, se han incautado 2.232 kilogramos de cocaína, lo cual subraya la magnitud de la operación.

Las detenciones fueron realizadas principalmente en la jornada del miércoles, aunque previamente se había únicamente informado sobre diez de ellas. Las incursiones se llevaron a cabo no solo en diversas localidades españolas, sino también en Portugal, evidenciando el alcance transnacional de la red criminal.

Los detenidos provienen de varios países, como Colombia, Portugal, República Dominicana y España. De ellos, nueve enfrentan la posibilidad de ser presentados ante el juez, mientras que tres quedaron en libertad bajo supervisión policial, tal como ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

En las operaciones también se hallaron diversos equipos tecnológicos, incluyendo inhibidores de frecuencia destinados a eludir la vigilancia policial, teléfonos satelitales, balanzas de precisión, una pistola simulada, una plantación de marihuana y vehículos de lujo, en adición a 17 teléfonos encriptados y documentos relacionados con las actividades delictivas en curso.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en cooperación con el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judicial de Portugal, bajo la coordinación de EUROPOL y en colaboración con la DEA y autoridades de la República Dominicana. Todo el proceso se enmarca dentro de las diligencias abiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.

Los orígenes de esta investigación se remontan a septiembre de 2024, cuando la UCO identificó a una agrupación criminal responsable de la distribución de cocaína en Pontevedra, que además operaba frecuentemente en suelo portugués. Los investigadores confirmaron que la droga destinada a España era transportada por carretera, principalmente desde Portugal, utilizando sofisticados métodos de ocultación en vehículos.

En la comarca del Salnés, los criminales mantenían múltiples propiedades que actuaban como “guarderías” para esconder la droga hasta su distribución. Su constante actividad les ha permitido financiar operaciones cada vez más grandes, mientras que la experiencia y las medidas de seguridad implementadas les han ayudado a eludir la acción de las autoridades durante años.

Esta organización transnacional se especializaba en la importación de cocaína desde América Latina hacia Europa, utilizando contenedores de mercancías que en apariencia eran legales, como envíos de pieles de vacuno. Este año, se han destacado dos grandes incautaciones, una de 600 kilos en junio y otra de 1.500 kilos en agosto, ambas en Portugal.

Adicionalmente, las fuerzas del orden han logrado otras intervenciones notables, como la confiscación de 80 kilos de cocaína en diciembre de 2024, la incautación de 140.000 euros en efectivo en febrero de este año, y otros 55 kilos de cocaína en agosto pasado.

En relación a los arrestos de esta semana, la jueza del Tribunal de Instancia de Cambados inició una investigación a partir de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Pontevedra el 10 de marzo de 2025, en un caso de tráfico de drogas. Las órdenes de registro fueron ejecutadas durante la madrugada del 3 de septiembre, abarcando 19 domicilios y parcelas, de las cuales 11 se realizaron en la provincia de Pontevedra.

Se llevaron a cabo registros en localidades como Cambados, Vilagarcía, Caldas de Reis y Cangas, así como en otras provincias y en varias áreas de Barcelona y Guadalajara. La presencia de representantes de la DEA y otras agencias internacionales fue autorizada como observadores durante la operación.

La magistrada también dispuso la incautación de computadoras y dispositivos de comunicación para profundizar en la investigación tecnológica, con el objetivo de analizar urgentemente los teléfonos confiscados y sus actividades telefónicas.